Para la industria de la soya y sus derivados, la reciente resolución sobre exportaciones no es una novedad, sino una amarga confirmación. Después de promesas oficiales sobre el fin del “Estado Tranca”, el nuevo Reglamento para la Emisión de Certificados de Abastecimiento demuestra que nada cambió. Las restricciones siguen intactas, la desconfianza hacia el productor continúa y la misma estructura burocrática del MAS, que funcionó durante 20 años, sigue operando a sus anchas.
El discurso hablaba de liberar exportaciones y quitar trabas. El papel dice otra cosa. En los hechos, la exportación de soya y sus derivados continúa condicionada a permisos, controles y decisiones políticas. No existe libertad real para vender al exterior: solo se puede exportar lo que el Estado autoriza y cuando el Estado quiere.
Uno de los puntos más reveladores es la creación de la Comisión de Evaluación y Control del CAIPJ. Lejos de simplificar, el Gobierno decidió ampliarla: ahora son ocho funcionarios de distintos viceministerios los que deciden el destino del sector, con poder para frenar exportaciones, retrasar trámites y condicionar inversiones, con más demora y más discrecionalidad.
Esta comisión mantiene una de las prácticas más dañinas para el sector: definir los llamados “saldos exportables”. En términos simples, el productor no es dueño de su producción. El Estado decide cuánto “sobra” después de abastecer el mercado interno y recién entonces permite exportar. Es el mismo modelo aplicado por el MAS durante dos décadas, que convirtió la exportación en un favor estatal y no en una actividad económica normal.
A esto se suma otra tranca conocida: el volumen mínimo de ventas mensuales en el mercado interno. Si una industria no cumple con ese cupo, pierde la vigencia de su certificado y queda fuera del mercado externo. No importa si la demanda interna cae, si los precios no cubren costos o si hay problemas logísticos. La obligación se mantiene y el castigo es inmediato. Es un mecanismo de presión que obliga al sector soyero a vender barato en Bolivia para poder exportar afuera.
En la práctica, esto significa que el productor sigue subvencionando a otros sectores de la economía. Se le exige priorizar el mercado interno, vender más y a menor precio, mientras se lo amenaza con cerrar la puerta de las exportaciones. Es exactamente la misma política restrictiva del MAS, solo que ahora presentada con un lenguaje más amable y con nuevos formularios.
El control tampoco se relajó. Continúan los reportes quincenales, las declaraciones juradas, las inspecciones en plantas y centros de acopio, y la amenaza permanente de sanciones. El mensaje es claro: el Estado no confía en el productor y lo trata como sospechoso permanente. Así no se fomenta producción ni inversión; se fomenta miedo e informalidad.
El Estado Tranca sigue funcionando con la misma lógica, la misma estructura burocrática y la misma ideología de control. Cambiaron los discursos, pero no las reglas. Mientras la soya siga atrapada en este modelo, Bolivia seguirá perdiendo oportunidades, divisas y crecimiento.
