La sala de terapia intensiva de una clínica privada de Santa Cruz se ha convertido en el escenario de una espera angustiosa. Allí permanece internado un adolescente de 15 años, boxeador en formación, que lucha por su vida tras sufrir un derrame cerebral cuyas circunstancias aún no han sido plenamente esclarecidas.
El menor llegó al centro médico en estado crítico y, desde entonces, su evolución ha sido mínima. De acuerdo con el relato de su padre, el joven presenta algunos reflejos, pero no ha logrado reaccionar, permaneciendo sedado mientras los médicos mantienen un pronóstico reservado.
La familia vive horas marcadas por la incertidumbre. Cada parte médico renueva una esperanza frágil, sostenida más por la fe que por señales clínicas contundentes. El silencio del cuerpo del adolescente contrasta con la desesperación de quienes aguardan una respuesta que todavía no llega.
En medio del drama sanitario, surgió una denuncia que abrió una arista judicial. Según la versión del padre, el joven fue trasladado desde su gimnasio habitual, ubicado en la zona de Los Lotes, hacia otro centro de entrenamiento sin el conocimiento ni la autorización de sus padres.
Ese traslado, considerado irregular por la familia, se ha convertido en una pieza clave dentro de la investigación. Las sospechas apuntan a que en ese segundo gimnasio, situado en la zona norte de la ciudad, el menor habría sufrido una agresión durante una actividad vinculada a su entrenamiento.
El instructor del adolescente fue aprehendido y actualmente es investigado por los presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones graves. Sin embargo, para la familia, las respuestas siguen siendo insuficientes, ya que aún no se ha determinado quiénes participaron directamente en los hechos.
La falta de explicaciones claras por parte del entorno del gimnasio y, en particular, el silencio del instructor, ha profundizado la indignación de los familiares. El padre sostiene que nadie les ha explicado por qué su hijo fue llevado a otro lugar ni qué ocurrió antes de que fuera internado de emergencia.
Como parte de las diligencias, los familiares solicitaron de manera formal el acceso a las cámaras de seguridad del gimnasio donde presuntamente ocurrieron los hechos. Para ellos, las imágenes podrían reconstruir las últimas horas del adolescente antes del colapso que lo dejó al borde de la muerte.
Mientras la Fiscalía y la Policía avanzan en la investigación, el caso ha generado una fuerte reacción en la opinión pública. La gravedad de lo ocurrido reabrió el debate sobre la seguridad de los menores en disciplinas de alto impacto y el nivel de responsabilidad que asumen entrenadores y centros deportivos.
Al drama médico y judicial se suma una carga económica asfixiante. La internación en la clínica privada ha generado una deuda que supera los 38 mil bolivianos, a lo que se añade el costo de una cirugía de cráneo realizada previamente en otro centro de salud.
Ante la falta de responsables que asuman esos gastos, la familia apeló a la solidaridad de la población cruceña. El pedido no es solo económico, sino también humano: acompañar a un joven deportista cuyo futuro quedó suspendido entre máquinas, monitores y oraciones.
Hoy, el boxeador de 15 años libra la pelea más dura de su vida, una en la que no hay rounds ni campana final. Afuera, su familia exige justicia y verdad; adentro, el silencio de su cuerpo espera, todavía, una oportunidad para volver a despertar.
