El caos jurídico que impera en Bolivia ha sido diseñado para convertir al suelo en un botín de guerra. Con más de 330 predios bajo control de grupos irregulares, la pregunta no es solo por qué el Estado no interviene, sino cómo el propio andamiaje legal del país fue pensado para facilitar los avasallamientos. Estamos ante una esquizofrenia normativa, que en el papel garantiza la propiedad privada, pero en la práctica ofrece un manual de instrucciones para violarla.
Todo comienza con la perversión de la Función Económico-Social (FES). Concebida para garantizar que la tierra sea productiva, esta figura constitucional se ha transformado en el arma predilecta del avasallador. Bajo la mirada cómplice de un INRA, las mafias de tierras sitian predios productivos, impiden el trabajo del propietario y luego —en un giro orwelliano— el Estado revoca el título al dueño por "no producir". Es el perfeccionamiento del robo legalizado.
A esta distorsión se suma la política de dotación de tierras fiscales. La Ley 3545, que prioriza la dotación colectiva a comunidades "sin tierra", ha dado origen al florecimiento de grupos de choque con personería jurídica tramitada en tiempo récord que, amparados en un discurso de reivindicación social, se movilizan con logística militar para ocupar zonas de alta plusvalía. No buscan sembrar alimentos; buscan la consolidación de títulos para su posterior venta en el mercado negro. El avasallamiento en Bolivia no es un drama social, es un negocio inmobiliario ilícito protegido por el paraguas de la "justicia social".
La complicidad no es solo por omisión. Políticas como las "leyes de perdonazo" (Ley 337 y sucesivas) han enviado un mensaje devastador: la ilegalidad es transitoria. Al permitir la regularización de desmontes ilegales, el Estado premió al invasor, diciéndole que el tiempo y la presión política lavan cualquier delito. Esa "tolerancia excesiva" ha parido monstruos. Los grupos que antes portaban pancartas hoy portan fusiles, drones y radios, operando como estructuras paraestatales.
La tragedia agraria se alimenta de un saneamiento que, lejos de dar certezas, se ha convertido en una agonía de décadas. En este limbo, el INRA emite resoluciones de asentamiento precarias que las mafias exhiben con cinismo como si fueran títulos de propiedad para frenar a la fuerza pública y estafar a terceros.
A este desorden se suma un andamiaje legal que premia al infractor. Las "Leyes de Perdonazo" y decretos como el DS 3973 han enviado un mensaje letal: "ocupa primero, legaliza después". Al suavizar las sanciones por desmontes ilegales y permitir que las Tierras de Producción Forestal Permanente sean convertidas en botín agropecuario, el Estado ha incentivado el ecocidio como vía de titulación. Mientras tanto, el Código Penal y la inoperante Ley 477 son letra muerta; sus penas no disuaden a estructuras paramilitares que saben que, en este sistema, la "conciliación" política siempre pesará más que el derecho constitucional a la propiedad privada.
Si el gobierno de Rodrigo Paz no logra desarticular las estructuras que usan estas las mafias del avasallamiento y limpiar las instituciones de sus "topos" internos, Bolivia dejará de ser una República para convertirse en un archipiélago de feudos controlados por bandas criminales.
