En Bolivia hay una constante histórica: cuando aparece una oportunidad seria, compleja y de largo plazo, la tratamos como si fuera un negocio de feria. Hoy le toca a los bonos de carbono. Ayer fue el gas, antes la tierra, antes la política, antes el Estado. Cambia el envase, pero no el vicio.
De pronto, todo el mundo sabe de carbono. Ministros, asesores, primos, cuñados, la esposa del vicepresidente, “emprendedores climáticos” y oportunistas reciclados hablan como si acabaran de descubrir la pólvora… y, de paso, una mina de oro verde. El entusiasmo no es casual: un negocio de más de 150 millones de dólares, vinculado al entorno familiar de un ministro, bastó para que el carbono deje de ser ciencia y pase a ser botín.
Confunden liderazgo con control. Aquí está el primer gran error —y el más peligroso—: creer que liderar es controlar. Que quien “arranca primero” se queda con la llave, pone las reglas, decide quién entra y quién no. Esa lógica puede funcionar para la prebenda política, pero es letal para el mercado de carbono.
El mercado voluntario de carbono no funciona con decretazos, ni con intermediación estatal, ni con creatividad criolla. Funciona con estándares internacionales, medición rigurosa, verificación independiente y seguridad jurídica. Todo lo demás eleva el riesgo país y espanta la inversión.
Pero, claro, eso no da titulares, no da poder inmediato y no permite “administrar favores”. Entonces, mejor inventar un sistema propio, criollo, controlado, discrecional… aunque eso condene el negocio antes de nacer.
Cuando el que sabe estorba, sobresale de nuevo en esta Bolivia de oportunistas. Lo más grotesco de esta historia es que Bolivia sí tiene un experto real en mercados de carbono y medición de huella climática.
Boliviano. Reconocido internacionalmente. Formado. Científico. Vive en Costa Rica y trabaja con las reglas que el mundo ya usa.
Desde una visión técnica y letrada, ha intentado aportar un camino serio: un marco habilitante, con el Estado como supervisor, no como comerciante; con transparencia, no oscurantismo; con beneficio colectivo, no viveza individual. ¿Resultado? Molesta. Porque en Bolivia, el que sabe estorba cuando no se presta al reparto.
Aquí no se quiere construir mercado; se quiere manejar caja. El carbono no es plata fácil. Los créditos de carbono no son bonos bancarios ni papelitos que se imprimen en un ministerio. Cada unidad representa una tonelada de CO₂ real, medida, auditada y registrada bajo estándares internacionales como Verra o Gold Standard. El documento técnico es claro: si el Estado pretende fijar precios, exigir transferencias obligatorias o controlar la comercialización, el mercado se muere.
Pero insistimos. Porque seguimos creyendo que todo negocio grande se maneja como cooperativa política: yo te dejo entrar si me dejás algo.
La oportunidad que estamos a punto de arruinar podría generar en Bolivia más de 126 millones de dólares al año solo en sectores productivos básicos, si el mercado se estructura con seriedad. El mercado global apunta a cientos de miles de millones en la próxima década. No es humo. No es moda. Es una oportunidad histórica.
Pero con esta mentalidad —la del “yo primero”, la del “liderazgo” entendido como control, la del negocio familiar disfrazado de política pública— vamos directo a repetir el fracaso.
Los bonos de carbono no son para improvisados ni para avivados, como la esposa del vicepresidente que estuvo en Brasil, dizque informándose al respecto, como si fuera un tema de fácil entendimiento. No son una caja chica, ni una bandera política, ni un botín verde. Son un instrumento serio que exige algo que en Bolivia incomoda profundamente: reglas claras, límites al poder y beneficio colectivo.
Si seguimos tratando el carbono como tratamos todo —con ansiedad, oportunismo y captura— no solo perderemos dólares. Perderemos credibilidad, que es lo único que este mercado no perdona.
Y después, como siempre, diremos que “el modelo no funcionó”, cuando en realidad lo que no funcionó fue nuestra forma de pensar el poder.
