La explicación del Gobierno sobre la mala calidad de los combustibles resulta poco convincente y, sobre todo, predecible. Primero recurre al viejo truco de culpar a la gestión anterior, una fórmula gastada que todos los gobiernos usan cuando algo no funciona. Da igual quién esté en el poder: siempre hay un “heredado” al que señalar. Pero eso no explica por qué el problema aparece ahora ni por qué afecta a miles de usuarios en tan poco tiempo. El segundo argumento roza lo ridículo. Atribuir la falla a sedimentos acumulados en los tanques supone aceptar que existen cantidades casi estratosféricas de residuos capaces de contaminar millones de litros de gasolina que se comercializan cada día. Si semejante volumen de sedimento existiera, sería imposible no verlo, no detectarlo y no haberlo denunciado antes. No haberlo detectado plantea solo dos opciones: o las nuevas autoridades son ciegas ante una evidencia monumental, o son tan ineptas como las anteriores. En ambos casos, la confianza pública sigue sin combustible.