Es una excelente noticia el reporte que llega desde el Ministerio de Hidrocarburos: Bolivia ha logrado ahorrar cerca de 400 millones de dólares en apenas un mes tras la eliminación del subsidio a los carburantes. Es una cifra impactante. El consumo de diésel se desplomó a la mitad y las reservas en el sistema financiero saltaron de unos agónicos 51 millones a 504 millones de dólares.
Sin embargo, para el ciudadano de a pie, el transportista o el productor, todavía no existen motivos para celebrar, pues además de pagar el doble por el combustible, la inflación sigue siendo un azote y no existen razones suficientes como para festejar un cambio de fondo.
La gran contradicción de este "ahorro" es su destino. En teoría deberían ser 400 millones más para educación, salud, caminos o servicios, pero la realidad es otra, pues mientras el pueblo hace el ajuste, el Estado mantiene intacto su aparato elefantiásico e hipertrofiado. No se ha cerrado ni una sola de las empresas públicas deficitarias que drenan recursos día tras día.
¿Qué se va a hacer con ese dinero? ¿Seguirán financiando el fracaso de San Buenaventura, la ineficiencia de Cartonbol o las planillas de una planta de procesamiento de papa frita que nadie pidió? La estructura del MAS sigue vigente, alimentando a una burocracia supernumeraria en los ministerios y en una YPFB que cada vez produce menos gas, pero mantiene a más gente. Estamos ahorrando el dinero del sacrificio ciudadano para pagarle a una burocracia "tranca" que solo sirve para llenar de trámites y papeleos a quienes intentan trabajar y generar riqueza.
El peligro no es solo económico, es político. Ya vimos lo que pasó con el gobierno de Jeanine Áñez: al no desmantelar la estructura interna del MAS, el mismo aparato estatal terminó boicoteando la gestión desde adentro. Este gobierno corre el mismo riesgo si no empieza a desmontar el Estado "estrangulador" que heredamos.
Eliminar el subsidio es apenas un parche. El déficit fiscal de Bolivia es una herida profunda y este ahorro apenas cubre un tercio del agujero. No basta con quitar la subvención si no se recorta el gasto público de manera real. Donde hay un exceso de funcionarios y un Estado sobredimensionado, el riesgo de corrupción es una constante latente. La corrupción no se acaba con buenas intenciones, sino reduciendo el tamaño del botín.
Bolivia no va a salir adelante mendigando créditos al BID, a la CAF, al FMI o al Banco Mundial para seguir manteniendo ministerios inútiles. El país saldrá adelante cuando el Gobierno entienda que la solución no es solo ahorrar lo que antes gastaba en gasolina, sino generar las condiciones para que llegue inversión privada extranjera y nacional.
Necesitamos dinero fresco que genere empleo real, no empleos públicos sostenidos por impuestos y ajustes. Es entendible que reformar el Estado tome tiempo, pero ese tiempo debe empezar hoy. Se necesita un plan de desmantelamiento del modelo estatista que nos dejó el MAS.
El ahorro de 400 millones de dólares en el subsidio a los combustibles es una excelente noticia para el Gobierno. Para la gente, todavía no. Y mientras no se vea un cambio real en el tamaño del Estado, en la calidad del gasto y en la apertura a la inversión, seguirá siendo solo eso: una buena noticia contable pagada con el bolsillo de los bolivianos.
