El debate sobre la calidad de los combustibles no puede reducirse a un cruce de declaraciones entre un ministro que admite un “problema técnico” y una empresa estatal que responde con un comunicado y una certificación internacional. No se trata de confiar en la buena fe de YPFB, ni en las disculpas de ocasión de una autoridad, sino de garantizar —con hechos verificables y sostenidos en el tiempo— que el combustible que llega a los surtidores cumple con estándares que no destruyan motores ni patrimonios familiares.
Las evidencias están sobre la mesa y no son aisladas. Hay quejas reiteradas, muestras de gasolina de color extraño, repuestos dañados, testimonios de expertos y alertas formales de colegios de ingenieros mecánicos. Cuando en los talleres entre el 50% y 60% de los vehículos ingresan por fallas asociadas al sistema de inyección, válvulas o motores, no estamos ante una percepción subjetiva ni ante una campaña política: estamos frente a un problema técnico serio y de larga data.
Además, este no es un episodio nuevo ni excepcional. Las denuncias sobre combustibles de mala calidad vienen acumulándose desde hace años, especialmente en periodos de importación intensiva y mezclas poco transparentes. La respuesta es la misma: pedir paciencia, anunciar auditorías, mostrar certificados y apelar a la confianza ciudadana. La confianza no se decreta.
En Bolivia, el vehículo no es un lujo. Es una herramienta de trabajo. Es el taxi, el minibús, la camioneta del productor, la moto del repartidor, el auto familiar que permite generar ingresos. Cada motor dañado es una pérdida directa para una familia que no tiene margen para asumir reparaciones costosas provocadas por un insumo defectuoso. Pretender minimizar esto es desconocer la realidad económica del país.
Hoy los bolivianos pagan el combustible a precio internacional. Ya no existe el argumento de la subvención como atenuante. Si se paga como en el mercado global, lo mínimo exigible es recibir un producto acorde a estándares internacionales reales, no solo certificados en papeles, sino comprobados en la práctica. Precio pleno debería ser sinónimo de calidad, estabilidad y confianza.
Tampoco es aceptable trasladar la carga de la prueba a los usuarios. No es tarea de los transportistas ni de los ciudadanos llevar muestras a laboratorios. Esa responsabilidad es exclusiva del Estado y de la empresa que importa, mezcla, almacena y distribuye el combustible. Los funcionarios están para garantizar un producto y un servicio, no para pedir comprensión cuando fallan.
Las contradicciones entre lo que dice un ministro y lo que afirma YPFB no hacen más que profundizar la desconfianza. Si hubo un problema técnico, debe explicarse con detalle, identificarse responsabilidades y corregirse de manera estructural. Y si no lo hubo, entonces alguien no está diciendo la verdad. En ambos casos, el ciudadano queda indefenso.
El reclamo no es un capricho ni una exageración: es una exigencia básica de respeto al trabajo, al patrimonio y a la dignidad de quienes sostienen la economía real del país. La calidad no se promete, se garantiza. Y mientras eso no ocurra, las protestas no serán el problema, sino la consecuencia.
