Los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (Evo Morales y Luis Arce) pasarán a la historia como dos décadas perdidas para la justicia boliviana. Que el sistema siempre haya funcionado “a media máquina” es cierto, pero nunca estuvo literalmente colapsado, erosionado por la corrupción y en un descrédito total. El denominado “proceso de cambio” no cambió nada la centenaria organización “colonial”, “centralista” y “presidencialista” del órgano ejecutivo, responsable del sometimiento político y la degradación judicial.
Cabe reiterar las preguntas, ¿puede haber un órgano judicial independiente, imparcial, honesto, fuerte, eficiente, en este Estado centralista y autoritario? ¿Puede el órgano judicial garantizar los derechos fundamentales, la seguridad jurídica, la propiedad privada, la inversión nacional e internacional y la paz social, etc. cuando tiene un verdadero control político y cerco presupuestario? ¿Puede combatir la corrupción cuando hay jueces, magistrados y personal subalterno que incurren en actos ilícitos? ¿Acaso no tenía que cambiarse el centralismo colonialista que se apropió “cuerpo y alma” del poder judicial? ¿Y las cumbres judiciales no tenían que resolver todos los problemas judiciales?
En este tipo de Estado no puede haber un órgano judicial independiente, imparcial, creíble y fortalecido. La concentración del poder no sólo se encuentra en la tradición y cultura política boliviana, sino que además está “blindada” en la propia Constitución (art. 172). El ejecutivo ha copado igualmente la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado. Estas instituciones si fueran realmente independientes, fuertes y sólidas, hubieran combatido la corrupción pública, incluyendo a la familia presidencial (como nunca antes se había visto).
En el actual Estado “fallido” y decadente no puede brillar (ni brillará) la justicia y aunque la Constitución y los Pactos Internacionales proclamen su independencia, falta mucho para que podamos hablar en realidad de un órgano judicial verdaderamente independiente. El centralismo ha erosionado el sistema judicial para conseguir sus fines políticos: el control monolítico del aparato estatal y la reproducción del poder político. Muy por el contrario, un sistema judicial fuerte, robusto, honesto, eficiente, transparente, etc. siempre limitará la angurria del poder y su inefable correlato: la criminalización de la política, la politización de la justicia y la ausencia de las garantías del debido proceso.
En realidad, un órgano judicial sin las garantías básicas no sólo degrada la institucionalidad democrática y genera corrupción, pobreza, miseria y la Ley de la selva, sino también pone en duda la sostenibilidad del Estado. El poder judicial está para combatir los abusos del poder político o de los particulares; sin embargo, en muchos casos ha hecho exactamente lo contrario: la justicia ha sido el instrumento para abusar del poder. Los sistemáticos abusos se confirman cuando más del 90% de las causas ingresadas en revisión al tribunal constitucional son en contra de autoridades judiciales porque han vulnerados derechos fundamentales.
Otro de los grandes problemas es que la cobertura judicial en Bolivia no sólo que es limitada y deficiente sino inexistente para más del 50% del territorio nacional y de los gobiernos municipales. El presupuesto judicial boliviano apenas alcanza al 0,48% del presupuesto general del Estado. La configuración del Estado Constitucional de Derecho exige que haya un poder judicial dotado de las características esenciales de independencia e imparcialidad. Sin embargo, con esta pobre asignación presupuestaria estamos muy lejos de conseguir no sólo la independencia e imparcialidad del órgano judicial, sino además de luchar efectivamente contra la corrupción interna y externa.
El constituyente tenía que haber asignado en la Constitución una partida fija del presupuesto general del Estado que, en ningún caso, debería estar por debajo del 3% del total. El trabajo aumenta, pero no existen las condiciones para resolver los grandes retos y desafíos que supone la transformación de la función jurisdiccional. Así resulta misión imposible pretender que los jueces tengan las condiciones suficientes en lo que hace a infraestructura, fortalecimiento institucional, carrera judicial completa, tecnología de punta, inteligencia artificial, remuneraciones dignas, etc. Estos indicadores confirman que la “justicia” durante estos 20 años estuvo al servicio del MAS y, por tanto, necesita una reforma estructural que debe realizar (con carácter de urgencia) el nuevo gobierno y principales autoridades y operadores jurídicos.
*Jurista y autor de varios libros.
