La Cámara de Senadores sancionó este sábado en una sesión virtual la ley que amplía de tres a seis meses la obligatoriedad de las exautoridades nacionales y subnacionales de permanecer en Bolivia, para rendir informes sobre su gestión.
La obligación de permanencia en Bolivia alcanza al presidente, vicepresidente, ministros, gobernadores, alcaldes, asambleístas nacionales y departamentales, concejales autoridades de las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales.
Este 14 de febrero fenece el inicial plazo de tres meses, toda vez que las autoridades de Gobierno dejaron sus cargos el 8 de noviembre, cuando asumió el poder el presidente Rodrigo Paz, tras ganar las elecciones en primera y segunda vuelta.
El objetivo de permanencia o arraigo es para que “rindan todos los informes necesarios en el marco de la transparencia, precautelando los intereses del Estado, para dar continuidad a la gestión de gobierno y evitar la impunidad ante un posible hecho o acto de corrupción”.
El presidente del Senado, Diego Ávila, informó que la norma aprobada en Diputados fue tratada con carácter urgente ante la proximidad del vencimiento del plazo actualmente.
La contralora del Estado, Sandra Quiroga, consideró el viernes importante ampliar de tres a seis meses el periodo de permanencia obligatoria en Bolivia de autoridades que dejen sus cargos y descartó implique una “presunción de culpabilidad”.
“La aplicación del plazo no implica la presunción de culpabilidad, por el contrario, es una medida preventiva de carácter administrativo, orientada a garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia del control gubernamental”, aseguró Quiroga.
