“Seguro solidario”

Cada vez que el Estado pronuncia la palabra “solidario”, el ciudadano debería temblar. En Bolivia, la solidaridad estatal nunca es voluntaria: es obligatoria, impuesta y, por supuesto, pagada por la gente. El llamado “seguro solidario” por los daños causados por la gasolina defectuosa no es la excepción. No es un gesto noble del Estado, es un mecanismo para que los usuarios cubran, con su propio dinero, la ineptitud de YPFB. La mala gasolina fue consecuencia de fallas en la gestión pública. Sin embargo, la factura no la pagan los responsables, sino los ciudadanos, a través de un seguro administrado por el propio Estado. Más aún: se crea nueva burocracia, más trámites, controles, papeleo y funcionarios, cuando el problema podría resolverse de manera simple y eficiente por la vía privada. La verdadera solución no es un “seguro solidario”, sino la privatización del control y aseguramiento del combustible. Que una empresa privada garantice calidad y, si falla, pague. Lo demás es populismo reciclado, inútil y costoso, incluso cuando algunos cívicos lo aplauden.