La venta de pasajes y la salida de buses desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz fueron suspendidas este lunes 9 de febrero al mediodía, luego de que transportistas y operadores de empresas de flotas iniciaran una protesta en rechazo a la actual administración del recinto.
Los manifestantes acusan al administrador de la terminal, Marco Antonio García, quien asumió el cargo hace aproximadamente dos semanas, de presuntos hechos de corrupción y cobros irregulares, motivo por el cual exigen su renuncia inmediata.
Según denunciaron los operadores, la administración habría aplicado incrementos no autorizados en diferentes tarifas, entre ellas el peaje y otros servicios. De acuerdo con los datos brindados, el peaje para motocicletas subió de Bs 2 a Bs 3, para vehículos livianos de Bs 3 a Bs 4, y para vehículos medianos de Bs 6 a Bs 7. Además, existe preocupación por un posible incremento en el alquiler de los espacios que ocupan las empresas dentro de la terminal, así como en el uso de baños y otros servicios.
“El administrador ha actuado de manera terrible con todos los transportistas a nivel departamental, realizando cobros irregulares que no podemos permitir”, manifestó Richard Martínez, dirigente del sector, en entrevista con Unitel.
Ante esta situación, los trabajadores del transporte decidieron no vender pasajes ni realizar salidas a ningún destino, medida que se mantendrá hasta que el administrador se aleje del cargo. La protesta fue respaldada tanto por choferes como por operadores, quienes además exigieron la presencia del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, autoridad que designó al actual administrador.
La medida de presión provocó perjuicios a decenas de pasajeros, quienes no pudieron viajar debido a la paralización total de las flotas. Asimismo, oficinas de transporte y comercios dentro de la terminal suspendieron su atención como parte de la protesta.
García, citado por el diario El Deber, señaló que la terminal no estaba cerrada, sino tomada por las personas que protestan. Añadió que al asumir se le encargó la realización de auditorías que revelaron contratos irregulares con el personal administrativo y con los transportistas.
Añadió que los contratos se rigen por la Ley 181, que establece incrementos anuales de 3 %. Entre las irregularidades mencionó además que hay hasta 10 voceadores (vendedores de pasajes) por empresa de buses, pese a que el reglamento permite hasta tres.
“El gran problema con el que nos estamos encontrando es que, desgraciadamente, no son todos. Son un pequeño grupo interno que hay que se niegan a poder reordenar la Terminal", dijo García.
