A Franklin D. Roosevelt se le atribuye una frase que probablemente nunca dijo, refiriéndose al dictador nicaraguense Anastasio Somoza: “Sí, es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra”. La frase sobrevivió no por su veracidad, sino por la verdad moral que encierra: el poder suele tolerar aquello que antes condenaba, siempre que ahora le pertenezca. Ese es el peligro que acecha hoy a Bolivia.
El gobierno de Rodrigo Paz Pereira llegó con la promesa de desmontar el aparato hipertrofiado heredado del MAS. Prometió desburocratizar el Estado, devolver la institucionalidad y romper con el centralismo que convirtió al país en un sistema rígido, ineficiente y profundamente vulnerable a la corrupción. Sin embargo, a cien días de gestión, lo que se percibe no es desmontaje, sino adaptación. No es transformación, sino comodidad.
El problema no son las personas, sino las estructuras. Los gobiernos no se definen por sus discursos, sino por las instituciones que preservan. Y las instituciones en Bolivia siguen intactas. El mismo aparato que permitió el control político de la justicia, la concentración del poder económico y la subordinación de los órganos de control, continúa funcionando sin alteraciones sustanciales.
Las designaciones a dedo en entidades clave como la Contraloría General del Estado o el Banco Central de Bolivia no son simples decisiones administrativas: son señales de que el poder sigue operando bajo la misma lógica discrecional. La institucionalidad no se reconstruye con buenas intenciones, sino con reglas claras, procesos transparentes y límites reales al poder político.
El Estado sigue siendo el mismo gigante. No se ha reducido su tamaño ni su influencia. Las empresas estatales continúan existiendo como centros de poder político y fuentes de clientelismo. El centralismo permanece intacto. El aparato burocrático no ha sido desmontado; ha sido heredado.
Y donde no se elimina la estructura, la estructura termina moldeando al gobernante.
Un ejemplo evidente es la expansión del Ministerio de la Presidencia, que ha absorbido funciones y atribuciones que antes estaban dispersas. En lugar de reducir el poder concentrado, se lo ha reorganizado. No se ha eliminado el monstruo burocrático; se lo ha reubicado. El resultado es el mismo: más concentración, más dependencia, más distancia entre el poder y el ciudadano.
La tentación es comprensible. Ese aparato fue diseñado precisamente para concentrar poder. Es eficiente en una cosa: perpetuarse. Ofrece control, capacidad de nombramiento, influencia sobre recursos y margen para premiar lealtades. Es un instrumento perfecto para gobernar sin contrapesos y destruir la institucionalidad.
Lo más preocupante es el silencio. Ya no se habla de reforma judicial. Ya no se habla de rediseñar el Estado. Ya no se habla de desmontar el modelo que permitió la concentración de poder. La urgencia reformista parece haber sido reemplazada por la conveniencia administrativa.
La historia demuestra que ningún gobierno es inmune al poder de las estructuras que hereda. Cuando un sistema está diseñado para concentrar poder, no importa quién lo administre: el resultado tiende a ser el mismo. Las instituciones no cambian por voluntad, cambian por reforma. Y sin reforma, todo sigue igual.
