“Esta es una persecución inhumana”. Así el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, calificó la situación de Elvira Parra, exdirectora del Fondo Indígena, al señalar que enfrenta 55 procesos vinculados al caso del Fondo Indígena, varios de los cuales continúan en investigación después de una década.
Callisaya visitó a Parra en celdas de la Policía, luego de que fue otra vez aprehendida.
Según explicó, de 161 procesos vinculados al caso Fondo Indígena, 55 están contra Parra. “De estos 55, hay 23 casos que todavía se encuentran en procesamiento después de 10 años. ¿Se imaginan después de 10 años? Y otros que son cinco, que están con más de cinco años de investigación”, complementó.
“Nadie va a promocionar ámbitos de impunidad, pero sí se debe racionalizar la persecución penal porque no podemos estar indefinidamente persiguiendo a las personas. Y el Estado está tomándose tanto tiempo para hacer una investigación”, afirmó.
Callisaya también señaló que la propia Fiscalía General del Estado de Bolivia reconoció dilaciones en las investigaciones.
Pese a ello, observó que recientemente se abrió un nuevo proceso penal por hechos de similar data y que el fiscal del caso solicitó nuevamente la detención preventiva de Parra por seis meses, pese a que ya estuvo más de ocho años detenida preventivamente.
Parra estuvo detenida entre 2015 y 2023 de manera preventiva. Entonces, se denunció que había estado privada de su libertad por un tiempo mayor incluido al correspondiente a la pena máxima del delito imputado.
“Imagínense la irracionalidad de la persecución penal”, expresó Callisaya.
El Defensor advirtió además que los procesos están dispersos en distintos departamentos, como Santa Cruz y Oruro, lo que obliga a Parra a trasladarse permanentemente con sus abogados, testigos y peritos para ejercer su defensa, en audiencias que con frecuencia se suspenden.
A su juicio, esta situación no sólo afecta el derecho al debido proceso y a una justicia pronta y razonable, sino que también perjudica al propio Estado, que no puede recuperar eventuales daños económicos mientras los casos no concluyan.
Callisaya pidió a la autoridad judicial que tomará conocimiento del nuevo caso evaluar todos estos antecedentes en la audiencia prevista para las próximas horas.
La Defensoría del Pueblo anunció que continuará monitoreando el caso y realizando gestiones institucionales, además de no descartar acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la presunta vulneración de derechos derivada de la prolongación de los procesos.
