La captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en un lujoso barrio de Santa Cruz, tras 22 meses de una supuesta "fuga" que burló a todo el aparato de seguridad boliviano, no debe leerse como un triunfo rotundo, sino como el inicio de un interrogatorio necesario al Estado. El hecho de que el narcotraficante uruguayo no fuera hallado en la profundidad del monte, sino en el corazón de la ciudad más pujante del país, confirma la sospecha que el Gobierno de Paraguay sostuvo con firmeza: Marset nunca salió de Bolivia.
Durante casi dos años, el país fue testigo de un espectáculo dantesco. Mientras las autoridades bolivianas insistían en que el fugitivo había cruzado fronteras, Marset se daba el lujo de publicar videos, desafiar a ministros y mofarse de la inteligencia policial. Esa "habilidad para el escapismo" no se explica por el talento individual de un criminal, sino por la penetración del narcotráfico en las estructuras del poder. Un pez gordo de este calibre no vive "a cuerpo de rey" en la clandestinidad sin una red de protección que incluya uniformes, credenciales oficiales y, posiblemente, altos despachos.
Bolivia tiene una deuda de explicaciones con la comunidad internacional y con su propia ciudadanía. Resulta inverosímil que, tras el escándalo de su huida en 2023, el aparato de inteligencia no pudiera rastrear a un hombre que mantenía una vida social y económica activa en territorio nacional. ¿Fue la negación sistemática del Gobierno una estrategia de distracción o fue una complicidad deliberada para ganar tiempo? La participación de agencias externas como la DEA en el seguimiento previo a la captura sugiere que la confianza en las instituciones locales estaba, justificadamente, bajo mínimos.
Este caso es el síntoma de una enfermedad mayor. Bolivia se ha ido transformando en un santuario para capos regionales que obtienen identidades falsas y protección con una facilidad pasmosa. La captura de Marset deja al desnudo una realidad incómoda: el Estado ha sido, por omisión o acción, el anfitrión de las mafias.
Si el Gobierno actual pretende limpiar su imagen, la detención no puede ser el punto final. El país exige una purga institucional. No basta con mostrar al detenido; hay que mostrar a sus protectores. Se debe identificar quiénes facilitaron su documentación, quiénes le dieron el "pitazo" para su fuga inicial y quiénes permitieron que Santa Cruz siguiera siendo su refugio durante casi dos años.
La pregunta que queda en el aire es demoledora: ¿Se capturó a Marset por una eficiente labor de inteligencia boliviana, o se lo entregó porque su protección se volvió políticamente insostenible ante la presión externa? Sin una investigación que desmantele la red de lealtades políticas y policiales que lo cobijó, la captura de Marset será solo un cambio de ficha en un tablero que sigue dominado por el narcotráfico. Bolivia ya no puede seguir mirando hacia otro lado; el mundo espera respuestas.
La pregunta que queda en el aire es demoledora: ¿Se capturó a Marset por una eficiente labor de inteligencia boliviana, o se lo entregó porque su protección se volvió políticamente insostenible ante la presión externa?
