Las lluvias que golpean a Bolivia en las últimas semanas han dejado al descubierto una emergencia de grandes dimensiones. No se trata solo de una temporada lluviosa particularmente intensa, sino de una situación que combina desbordes de ríos, derrumbes, carreteras cerradas, comunidades aisladas y un creciente número de víctimas. Hasta ahora se contabilizan 34 fallecidos, 13 desaparecidos, 132.000 familias afectadas, 2.500 viviendas destruidas y 53 municipios declarados en desastre. Las cifras hablan por sí solas: el país enfrenta una crisis que trasciende lo local y adquiere una dimensión nacional.
En Santa Cruz, la situación resulta particularmente preocupante. Los ríos Piraí, Grande, Surutú, Yapacaní y Parapetí registran crecidas extraordinarias, mientras que el Piraí ha superado los 3,5 metros en La Angostura. A esto se suma el riesgo que enfrentan más de 2,2 millones de hectáreas de cultivos en plena cosecha, principalmente de soya, maíz y sorgo. Si la lluvia persiste, el impacto no será solo humanitario, sino también económico. Santa Cruz no es únicamente una región más del país; es el corazón productivo de Bolivia. Lo que ocurra aquí tendrá repercusiones en el abastecimiento de alimentos, en los precios y en la estabilidad de la economía nacional.
Ante este panorama surge una pregunta inevitable: ¿está el Estado preparado para responder a una emergencia de esta magnitud?
Hasta ahora las señales no son particularmente alentadoras. El gobierno apenas ha logrado lidiar con problemas mucho menores que han puesto en evidencia graves deficiencias de gestión. Hablamos de la gasolina defectuosa y el caótico manejo de la crisis de los billetes del accidente del avión Hércules. Si el gobierno ha tenido dificultades para resolver problemas relativamente acotados, la pregunta sobre su capacidad para enfrentar una emergencia nacional adquiere una dimensión mucho más seria.
Esta debilidad tiene raíces profundas. El actual gobierno no solo heredó los problemas económicos acumulados durante años de gestión del MAS; mantiene su pesada estructura estatal: un aparato burocrático monstruoso, lento e ineficiente. Durante años, esa estructura se acostumbró a reaccionar tarde, a ignorar señales de alerta y a priorizar la retórica política antes que la planificación técnica.
Las consecuencias de esa lógica están hoy a la vista. Bolivia enfrenta cada año lluvias, inundaciones y deslizamientos. No es un fenómeno inesperado. Las emergencias se repiten con la misma intensidad porque el país nunca desarrolló una verdadera política de prevención: manejo integral de cuencas, planificación urbana, control de asentamientos en zonas de riesgo y mantenimiento permanente de carreteras y defensivos.
Por eso la actual crisis no es únicamente producto de la naturaleza. También es el resultado de años de improvisación estatal.
La diferencia es que ahora el margen de error es mucho menor. Si las lluvias afectan seriamente la cosecha cruceña o interrumpen durante semanas la logística del país, las consecuencias económicas podrían sentirse en todo el territorio: encarecimiento de alimentos, caída en exportaciones agrícolas y mayores tensiones fiscales.
No basta con enviar ayuda humanitaria o desplegar maquinaria cuando el desastre ya ocurrió. Lo que está en juego es demostrar que el país realmente ha entrado en una etapa distinta de gestión pública. Las emergencias suelen revelar la verdadera capacidad de un gobierno. Bolivia está viviendo uno de esos momentos. Y esta vez, más que discursos, lo que el país necesita ver son resultados.
