La decisión del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, de ordenar la construcción de barreras físicas en la frontera con Bolivia ha sido recibida como un balde de agua fría, luego de recientes gestos de acercamiento. Sin embargo, más que una señal de hostilidad, el decreto firmado en sus primeras horas de gobierno debe entenderse como la ejecución de una promesa electoral y como una respuesta a problemas que, desde la perspectiva chilena, afectan directamente su seguridad nacional.
El denominado “Plan Escudo Fronterizo” y la “Política Nacional de Cierre Fronterizo” buscan frenar la migración irregular y reforzar el control territorial, medidas que fueron parte central del discurso político de Kast durante su campaña, en la que prometió enfrentar con firmeza la inmigración irregular y el aumento de la criminalidad.
Se puede interpretar estas decisiones como un gesto inamistoso, sin embargo, una lectura más realista obliga a reconocer que Chile actúa en función de sus propios intereses, como lo haría cualquier Estado soberano. La prioridad de cualquier gobierno es proteger su territorio, su orden interno y la seguridad de sus ciudadanos.
Bolivia debe asumir que en los últimos años se ha convertido en un factor de preocupación para Chile. El primer problema es el narcotráfico. Desde hace décadas, el flujo de droga que sale de territorio boliviano hacia países vecinos ha sido motivo de alarma regional, sobre todo por la percepción de que en Bolivia impera la permisividad.
El segundo problema es la migración irregular. Bolivia no solo es país de origen de migrantes que cruzan hacia Chile, sino también un territorio de tránsito para ciudadanos venezolanos, haitianos y de otras nacionalidades que buscan llegar al norte chileno. La debilidad en los controles migratorios ha convertido esa ruta en un corredor que preocupa seriamente a Santiago.
Un tercer punto es el tráfico de vehículos robados. Durante años, autos sustraídos en Chile han terminado circulando en Bolivia, a veces incluso legalizados o utilizados por instituciones públicas. Este fenómeno ha alimentado la percepción en Chile de que Bolivia no logra controlar actividades ilícitas que impactan directamente a su vecino.
Paradójicamente, estas decisiones ocurren en un momento en que ambos países parecían abrir una nueva etapa. El presidente Rodrigo Paz participó en la investidura de Kast y ha hablado reiteradamente de iniciar un “nuevo ciclo” en las relaciones bilaterales, centrado en el desarrollo económico y la cooperación regional.
Incluso se ha mencionado la posibilidad de avanzar hacia el restablecimiento pleno de relaciones diplomáticas, interrumpidas durante décadas. La agenda incluye temas como integración económica, corredores bioceánicos, comercio y cooperación fronteriza.
Pero la confianza entre Estados no se construye únicamente con discursos o gestos diplomáticos. Se edifica con resultados concretos: control del narcotráfico, gestión efectiva de la migración, cooperación policial y respeto a la seguridad fronteriza.
Si Bolivia quiere abrir verdaderamente un nuevo ciclo con Chile, la tarea más urgente es poner orden en su propia casa. Solo así las barreras que hoy se levantan en la frontera podrán, algún día, dejar de ser necesarias.
