La captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset no es solo un golpe operativo: es, sobre todo, un espejo incómodo para Bolivia que refleja debilidad institucional, penetración del crimen organizado y una narrativa oficial que difícilmente resiste el contraste con la realidad.
Sostener que el operativo fue exclusivamente boliviano no solo resulta poco creíble, sino que desvía la atención del punto central: sin la participación de la DEA y sin la presión de Estados Unidos, la captura de un actor de este nivel habría sido altamente improbable. La experiencia regional es clara: los grandes capos no caen por azar ni por esfuerzos aislados, sino por la combinación de inteligencia internacional, cooperación sostenida y presión política.
El hecho de que Marset haya vivido y operado durante años en Bolivia amplia comodidad, incluso en su etapa de prófugo, no admite interpretaciones ingenuas. O bien existe una preocupante infiltración del narcotráfico en estructuras estatales, o bien el Estado carece de las capacidades necesarias para enfrentar organizaciones criminales complejas. En ambos escenarios, el diagnóstico es grave.
No se trata de un caso aislado. Bolivia ha sido, en los últimos años, un territorio atractivo para redes vinculadas al Primer Comando Capital y al Comando Vermelho, entre otras. Su ubicación estratégica, sumada a debilidades institucionales y a una limitada capacidad de control territorial, la convierten en un eslabón funcional dentro del circuito del narcotráfico sudamericano.
El problema, por tanto, no es solo policial: es estructural. Bolivia hoy no está en condiciones de enfrentar por sí sola a estas organizaciones. Negarlo, bajo argumentos de soberanía o nacionalismo, no fortalece al Estado; lo debilita, pues nos consolida como una narco república.
El caso de Ecuador es ilustrativo. Tras años de permisividad y desatención, el narcotráfico escaló hasta niveles de violencia sin precedentes, obligando al gobierno de Daniel Noboa a adoptar medidas drásticas: cooperación internacional, presencia de agencias extranjeras y participación activa de las Fuerzas Armadas. No es un modelo perfecto, pero responde a una realidad que ya no admite respuestas ideológicas.
En paralelo, Paraguay ha optado por fortalecer su alianza con Estados Unidos en materia de inteligencia y lucha contra el crimen organizado. La tendencia es clara: los países que logran contener —aunque sea parcialmente— estas amenazas son aquellos que entienden que la cooperación no es una cesión de soberanía, sino una herramienta de supervivencia institucional.
Bolivia está a tiempo de evitar escenarios más extremos. Pero ese margen se reduce. El caso Marset debería marcar un punto de inflexión real, no discursivo. Implica investigar redes de protección, depurar fuerzas de seguridad y, sobre todo, asumir una verdad incómoda: sin apoyo externo, sin tecnología, sin inteligencia compartida y sin presión internacional, la lucha contra el narcotráfico será insuficiente.
El dilema no es ideológico. Es práctico: o el Estado recupera el control con todos los medios disponibles, o corre el riesgo de cederlo, silenciosamente, a quienes no reconocen ley, frontera ni soberanía.
