El presidente habló de un “punto de inflexión”. Y probablemente tenga razón. Porque la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset no es simplemente la caída de un prófugo más. Es la caída de un hombre que, durante años, fue símbolo de algo mucho más incómodo: la sospecha de que Bolivia había dejado de ser solo un país productor de coca y se había convertido en un santuario para el narcotráfico internacional.
Marset no era un narco cualquiera. Era uno de los más buscados por la DEA y líder de una red criminal que coordinaba envíos de cocaína desde Sudamérica hacia Europa y otros mercados, moviendo millones de dólares y operando en varios países al mismo tiempo.
Durante años se burló de gobiernos, policías e instituciones.
Vivió en Santa Cruz con identidad falsa, grabó videos desafiando a las autoridades e incluso denunció públicamente que policías corruptos le avisaron de un operativo para que pudiera escapar. Es decir, no solo se movía con libertad. Se movía con protección. Y ese es el verdadero problema.
El narco que sobrevivió al “narcoestado”
Durante los años de poder del MAS, el narcotráfico dejó de ser un problema policial para convertirse en una sombra permanente sobre el Estado boliviano.
No es casualidad que Marset lograra permanecer años operando en la región, ni que su organización utilizara Bolivia como punto estratégico para enviar cocaína hacia Paraguay, Brasil y Europa. Mientras tanto, los discursos oficiales hablaban de soberanía, antiimperialismo y dignidad nacional.
Pero la realidad era otra: narcos con documentación boliviana, redes protegidas por policías corruptos, avionetas saliendo del trópico como si fueran taxis aéreos. En ese contexto, el nombre de Evo Morales siempre aparece flotando en el ambiente político.
No necesariamente por pruebas judiciales directas, sino por algo más inquietante: la estructura política y territorial donde el narcotráfico creció durante su gobierno. El Chapare no solo fue bastión político; fue también el corazón de una economía paralela.
¿Por qué Estados Unidos quiere a Marset?
Y aquí aparece la segunda parte de la historia. Estados Unidos no quiere a Marset por casualidad. Lo quiere porque, en su sistema judicial, el narcotráfico es un delito federal y, cuando capturan a un capo internacional, lo convierten en algo mucho más valioso que un preso: un testigo.
En el sistema norteamericano, los grandes casos no se resuelven solo con capturas. Se resuelven con delaciones. Y es allí donde Marset puede convertirse en una bomba política. Porque, si decide negociar su condena —algo muy común en tribunales federales—, tendrá que explicar: quién lo protegía, quién facilitaba su operación, qué políticos o autoridades estaban detrás del negocio. En otras palabras: el mapa completo del narcotráfico regional.
La nueva alianza hemisférica
Pero esta captura no se entiende sin el nuevo contexto geopolítico. Hace pocos días se anunció en Estados Unidos una alianza regional contra los carteles de la droga, impulsada por el presidente Donald Trump junto a varios gobiernos del continente. Y, en esa lógica, Marset era una pieza que faltaba.
Porque el combate al narcotráfico en América Latina ya no se plantea como un problema policial. Se plantea como una amenaza estratégica.
Los carteles hoy lavan dinero en sistemas financieros internacionales, financian campañas políticas y penetran instituciones del Estado. Y, cuando eso ocurre, el narcotráfico deja de ser crimen: se convierte en poder político.
Lo que viene ahora con la captura de Marset es solo el primer capítulo. Lo verdaderamente interesante empieza ahora. Porque, en una cárcel de Estados Unidos, frente a fiscales federales y agentes de la DEA, un narcotraficante tiene dos caminos: guardar silencio… o hablar para reducir su condena.
Y, si habla, no caerán solamente narcotraficantes. Podrían caer políticos, policías, empresarios y operadores del poder. Por eso, esta captura no es solo policial. Es política. Y podría convertirse en el momento en que Bolivia deje de discutir rumores… y empiece a escuchar confesiones.
