El presidente Rodrigo Paz ha logrado, en pocos días, algo que Bolivia no conseguía hace años: reposicionar su narrativa en el escenario internacional. Viajes, gestos, compromisos y declaraciones han construido un discurso potente, ambicioso y, sobre todo, seductor para una comunidad internacional que veía al país con desconfianza. Los aplausos han llegado. La atención también.
Su encuentro con Donald Trump marcó un punto clave: prometer una lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado, alineándose con una estrategia de mano dura que hoy domina la agenda hemisférica. La señal fue clara: Bolivia ya no será refugio de narcos. El mensaje es fuerte, necesario y, en el papel, correcto.
Lo mismo ocurrió con el acercamiento al Rey Felipe VI, donde el presidente habló de apertura, inversiones y una nueva era en la relación con Europa. España representa no solo un socio histórico, sino una puerta simbólica hacia el mundo desarrollado. Y el mensaje volvió a repetirse: Bolivia cambia, Bolivia se abre, Bolivia ofrece seguridad jurídica.
En Chile, la narrativa se encontró con una realidad más dura. Mientras el presidente boliviano hablaba de transformación, el gobierno chileno avanzaba con medidas concretas, como el refuerzo de su frontera ante amenazas vinculadas al narcotráfico, la migración ilegal y el contrabando. Es decir, mientras Bolivia promete cambiar, sus vecinos aún actúan en función de una conducta que el país ha venido manifestando en las últimas décadas.
El viaje a Brasil, probablemente el más importante, consolidó el discurso económico: apertura absoluta, integración pragmática, blindaje a las inversiones, respeto a la propiedad privada. Un paquete completo que, de materializarse, podría redefinir el rumbo del país. Pero también elevó la vara a un nivel extremadamente alto. El discurso ya está en el cielo. Ahora toca sostenerlo en la tierra.
Bolivia carga con una imagen deteriorada: narcotráfico, corrupción, inseguridad jurídica, hostilidad a la inversión. El propio presidente lo sabe; por eso insiste en marcar un quiebre, un punto de inflexión.
Hubo una señal importante con la captura de Sebastián Marset. Pero una acción, por relevante que sea, no define una política. La lucha contra el crimen debe ser constante, estructural y coordinada, especialmente con países como Brasil, cuyos grupos criminales han encontrado en Bolivia un espacio funcional.
El tiempo se acorta. Han pasado casi cinco meses. No es poco. Y el contexto aprieta. Bolivia enfrenta una crisis energética latente, con una preocupante caída en hidrocarburos. A esto se suman tensiones internacionales, como el conflicto en Irán, que podría agravar el escenario global y encarecer aún más los recursos energéticos.
No se trata solo de pasar del discurso a los hechos. Se trata de hacerlo con urgencia. Porque Bolivia no está en una situación cómoda. Está urgida. Urgida de inversión, de seguridad, de credibilidad y de energía. El presidente ya cumplió una tarea clave: decirle al mundo que el país quiere cambiar. Ahora viene la parte difícil: demostrar que puede hacerlo. Y rápido.
Bolivia carga con una imagen deteriorada: narcotráfico, corrupción, inseguridad jurídica, hostilidad a la inversión. El propio presidente lo sabe; por eso insiste en marcar un quiebre, un punto de inflexión.
