Este país fascinante llamado Bolivia tiene, en su territorio de nueve estrellas, una realidad globalizada donde rige el acuerdo de libre comercio —entre departamentos— con arancel cero; libre circulación de bienes, personas y capitales; unidad monetaria (el boliviano) y su unión política bicentenaria que el presidente Rodrigo llama «la Patria».
Bajo el nombre despectivo de «subnacionales», se elige a quienes gobernarán departamentos y municipios; un contrapeso al poder central distribuido geográficamente. Resurgen las autonomías que, en lo económico, mantienen la esperanza fundamental del «cincuenta-cincuenta», una versión nueva del pretendido pacto fiscal. Las nuevas autoridades buscarán cumplir sus exageradas promesas (nadie les dijo que no prometieran tanto). Será necesario demostrar que su compromiso no fue solo un discurso vacío ni la «gramática del engaño».
Es bien sabido que la gobernanza eficaz —por más meritocracia que acredite— es mucho más compleja que aplicar procedimientos burocráticos para administrar, de la mejor manera, la riqueza o la pobreza. En ese sentido, la expectativa aumenta al mismo tiempo que persiste la duda justificada: ¿se asignarán a cada región suficientes bolivianos y dólares, o quedará poco debido a la escasez extrema?
Sucede que los intereses de las regiones son, en general, diferentes, pero también intransigentes, al punto de originar regionalismos de fanatismo extraviado. Cumplidas las subnacionales, aumentará el sentimiento autonomista frente al centralismo despótico. Cada departamento conoce su vocación productiva por los recursos naturales que posee; suma tradiciones culturales y un grado de mestizaje; matices en el habla, creencias e imágenes religiosas; y su manera de ser: camba, colla, chapaco, chaqueño o vallegrandino, con bandera e himno propios. Así se conforma la plurinacionalidad y nace el instinto de lo diverso: algunos departamentos recapitulan el pasado que les dio fama y esperan mejor atención a sus demandas; otros resaltan que son el futuro de la nación y exigen prioridad en la asignación de recursos económicos.
La sorpresa llegará cuando se conozca la nueva versión del Presupuesto General del Estado (PGE). ¿Cómo quedará el cincuenta-cincuenta? ¿Cuáles serán los factores para distribuir el dinero: población, recaudaciones, regalías, proyectos...?
Si se tiene en cuenta que gobernar consiste en resolver necesidades sociales —no solo de empresarios ni solo de obreros—, tanto vale el emprendedor alteño como el agroindustrial cochabambino; el trabajador que fabrica aceite comestible, cerveza, zapatos o chocolate. Esta premisa es importante para inspirar las decisiones de ministros, viceministros y funcionarios de alto rango responsables de gestionar los subsistemas sectoriales que componen el gobierno central: salud, educación, turismo, economía, obras públicas, producción, energía y seguridad. Solo así, a través de sus gestiones, se podrán lograr objetivos orientados al interés colectivo y conectados con el progreso nacional. Porque la finalidad social no es el bienestar de las mayorías, sino de todos los bolivianos; priorizar su salud emocional incluso más allá del engañoso «ingreso per cápita» que suele ocasionar comparaciones falsas.
