Editorial |
| 2026-03-27 08:46:31
- Lo ocurrido en los últimos días confirma lo que muchos temían: el escándalo de la gasolina de mala calidad dejó de ser una crisis coyuntural para convertirse en un problema estructural, crónico y, peor aún, administrado con una alarmante dosis de improvisación. El reciente acuerdo entre el Gobierno y los transportistas en La Paz no resuelve el fondo del conflicto; apenas lo posterga.
- El problema no es solo la gasolina “desestabilizada”. Es la incapacidad reiterada de las autoridades para anticiparse, controlar y responder con eficacia. Han pasado semanas desde que se reconoció la distribución de combustible defectuoso, tiempo suficiente para contener daños, transparentar responsabilidades y restablecer confianza. Nada de eso ocurrió. En su lugar, se acumuló malestar, pérdidas económicas y una creciente sensación de abandono.
- El paro indefinido que paralizó La Paz y El Alto fue la consecuencia directa de esa inacción. Miles de motores dañados, talleres colapsados y transportistas sin respuestas reales marcaron el pulso de una crisis que el Gobierno intentó minimizar mientras se expandía. La reacción llegó tarde, como suele suceder, cuando la presión social se volvió insostenible.
- El acuerdo firmado —inspecciones en surtidores, comisiones para verificar combustible en origen, resarcimientos en tres días y diferimiento de créditos— suena bien en el papel. Pero la pregunta es inevitable: ¿por qué estas medidas no se aplicaron antes? ¿Por qué se tuvo que llegar al colapso del transporte y al bloqueo de rutas estratégicas para recién activar controles que deberían ser rutinarios?
- Más preocupante aún es que varias de estas soluciones ya habían sido anunciadas previamente sin resultados concretos. El resarcimiento, por ejemplo, fue uno de los puntos más cuestionados: mientras el Gobierno asegura avances, los afectados denuncian que no han recibido compensaciones efectivas. Esa brecha entre discurso y realidad es, precisamente, lo que alimenta la desconfianza.
- A esto se suma un elemento político que agrava el escenario. Legisladores oficialistas y opositores coinciden —algo poco común— en que la gestión de la crisis ha sido deficiente. Se piden renuncias, investigaciones e incluso procesos penales. El hecho de que una comisión del Senado deba viajar al exterior para verificar la calidad del combustible revela hasta qué punto el Estado perdió control sobre un tema crítico.
- Y mientras tanto, la economía comienza a resentirse. El encarecimiento del transporte, el aumento de costos logísticos y el impacto en la productividad son efectos inevitables cuando falla un insumo tan esencial como el combustible. Bolivia, cada vez más dependiente de la importación de carburantes, no puede darse el lujo de errores de esta magnitud.
- Lo más grave, sin embargo, es la normalización de la crisis. Se firma un acuerdo, se levanta un paro y se instala la sensación de que el problema está resuelto. Pero no lo está. Sin controles rigurosos, sin sanciones claras y sin una política energética seria, la historia está condenada a repetirse.
- Cuando la respuesta del Estado llega siempre tarde, mal y bajo presión, deja de ser una excepción y se convierte en patrón. Y eso, más que un problema técnico, es el reflejo de una ineptitud que empieza a parecer patológica.
