El decreto impulsado por Rodrigo Paz para lanzar el programa “Tranca Cero” marca un punto de inflexión en la discusión sobre el rol del Estado. La burocracia ha sido una de las principales barreras para el ciudadano común y para la actividad productiva. Filas interminables, requisitos absurdos y trámites duplicados han convertido al aparato público en un obstáculo cotidiano. En ese sentido, simplificar procesos, eliminar redundancias y apostar por la digitalización no solo es acertado, sino urgente.
Sin embargo, reducir la discusión a la eliminación de fotocopias o a la creación de plataformas digitales sería quedarse en la superficie del problema. La burocracia no es una anomalía aislada, es la consecuencia directa de un Estado sobredimensionado. Bolivia ha construido, durante décadas, un aparato público elefantiásico que no deja de crecer, absorbiendo recursos y multiplicando estructuras que muchas veces no generan valor real. Ese crecimiento ha derivado en un sistema donde el gasto corriente domina el presupuesto, desplazando la inversión productiva.
Las cifras son elocuentes. Más de la mitad del presupuesto se destina al funcionamiento del propio Estado, mientras la economía enfrenta contracción, inflación elevada y un déficit fiscal que ha superado el 10% del PIB en los últimos años. Este desequilibrio no es casualidad, es el resultado de un modelo que priorizó el tamaño del Estado por encima de su eficiencia. En este contexto, cada trámite innecesario no es solo una molestia: es la expresión visible de un problema estructural mucho más profundo.
A esto se suma el desempeño de las empresas públicas, que operan con pérdidas sostenidas, baja productividad y altos niveles de endeudamiento. Lejos de ser motores de desarrollo, se han convertido en cargas fiscales que comprometen recursos que podrían destinarse a áreas estratégicas. Mantener este entramado no solo es costoso, sino que limita la capacidad del país para crecer y generar oportunidades reales.
El exceso de Estado no solo genera ineficiencia, también alimenta la corrupción y la discrecionalidad. Donde hay demasiadas ventanillas, siempre hay una tranca; y donde hay una tranca, aparece la tentación de pagar para superarla. La burocracia no es neutral, es un terreno fértil para prácticas que erosionan la confianza y encarecen la vida económica.
Por eso, “Tranca Cero” debe ser entendido como un primer paso, no como la meta final. El verdadero desafío es avanzar hacia una reforma más profunda que reduzca el tamaño del Estado, elimine duplicidades, cierre entidades ineficientes y devuelva espacio al sector privado. Bolivia necesita pasar de un Estado que controla y obstaculiza, a uno que regula con claridad y facilita el desarrollo.
Eliminar trancas es importante, pero derribar muros es imprescindible. Mientras el Estado siga siendo demasiado grande, pesado e ineficiente, las barreras no desaparecerán: solo cambiarán de forma. El reto es tener el coraje político para ir más allá del síntoma y atacar la causa.
Es un error creer que la solución es solo eliminar trámites. El problema real es un Estado boliviano sobredimensionado e ineficiente, cuyo gasto corriente consume casi el 60% del presupuesto. Al priorizar sueldos sobre la inversión productiva, el aparato público deja de impulsar el desarrollo para convertirse en un lastre.
