El presidente de la Fejuve-La Paz, Jesús Vera, informó que este viernes 10 de abril se suspendió por sexta vez la audiencia convocada por el Juzgado 13 Anticorrupción de La Paz, dentro del caso por presunto sobreprecio en la compra de los buses PumaKatari del transporte municipal. En esta ocasión, el imputado y exalcalde de La Paz, Luis Revilla Herrero, se presentó nuevamente sin abogado, una conducta recurrente que -según Vera, principal denunciante- impide la instalación de la audiencia.
Explicó que en esta oportunidad debían resolverse incidentes planteados por Revilla, mediante los cuales busca apartarlo del proceso bajo el argumento de que ya habría cumplido su rol como denunciante. No obstante, observó que también forman parte denunciante la Procuraduría General del Estado y el entonces Ministerio de Transparencia (hoy Viceministerio), instituciones que no se presentan a las audiencias, mientras que la Alcaldía de La Paz, presunta víctima del sobreprecio, mantiene una débil actividad procesal.
Vera precisó que la Procuraduría acumula cuatro inasistencias consecutivas y que el Viceministerio de Transparencia simplemente no participa. “Pareciera que hubiera una orden superior de no intervenir en los procesos de Luis Revilla”, manifestó.
Asimismo, lamentó que el exalcalde, bajo el argumento de no haber logrado contactarse con su abogado, continúe dilatando el proceso, que ya suma seis audiencias suspendidas por distintas razones, en su mayoría por la ausencia de su defensa legal.
También cuestionó la actuación del juez y del Ministerio Público, a quienes acusó de mantener una actitud “muy contemplativa”, señalando que las audiencias ni siquiera son impulsadas por la Fiscalía, sino por la parte denunciante, en este caso la Fejuve-La Paz.
Vera, de profesión abogado, envió además un mensaje a Revilla: “Puede que logre dilatar, pero tarde o temprano la justicia lo va a alcanzar, porque el poder económico o político no dura para siempre, pero los delitos de corrupción son imprescriptibles”.
Anunció que el proceso continuará y que la próxima audiencia fue fijada para el 17 de abril. Aseguró que no permitirá que el caso sea archivado, recordando que las Fejuves ejercen control social por mandato de la ley, al tratarse de recursos públicos.
Según un dictamen pericial forense conocido el 1 de marzo, elaborado por un auditor del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la compra de 60 buses PumaKatari habría ocasionado un daño económico al Estado de Bs 47.857.446.
Este informe forma parte de los documentos en poder del Ministerio Público y del Juzgado Anticorrupción, en un proceso que aún no logra avanzar. El caso también recuerda que Revilla fugó de la justicia en este caso durante cuatro años, luego volvió a participar en la arena política y actualmente está próximo a asumir la Gobernación de La Paz.
