La diputada cruceña por la alianza Libre, Patricia Arancibia, pidió este domingo al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, pronunciarse sobre la acción popular que derivó en la suspensión de la difusión de encuestas electorales, al considerar que la medida podría contradecir compromisos institucionales asumidos para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral.
Arancibia sostuvo que el pronunciamiento es necesario a la luz del acuerdo suscrito el 15 de enero de 2026 entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), orientado al “Fortalecimiento del Sistema Democrático”. Dicho compromiso establecía, entre otros puntos, “la no interferencia de instancias judiciales mediante medidas cautelares” que puedan afectar el desarrollo de procesos electorales, reconociendo al TSE como la máxima autoridad en la materia.
En ese contexto, la legisladora denunció además que un consorcio jurídico vinculado a un candidato a la Gobernación de Santa Cruz habría impulsado el recurso de acción popular para frenar la difusión de encuestas de preferencia ciudadana, horas antes del debate electoral entre Otto Ritter y Juan Pablo Velasco.
Señaló que su organización respeta el trabajo de los medios de comunicación, especialmente cuando estos operan bajo normativa del TSE, pero cuestionó el uso de recursos judiciales para “entorpecer el proceso democrático” en una etapa decisiva. “Rechazamos enfáticamente la injerencia de la justicia en el Órgano Electoral, porque no es nada sana”, afirmó.
Asimismo, pidió a Saucedo aclarar si la medida responde a una decisión institucional o a una actuación individual. “Que diga si este es un acto consentido por el Tribunal o es un acto unilateral de un juez que está manoseando un proceso electoral que debería ser transparente”, sostuvo.
La polémica surge luego de que el juez mixto de El Torno, Diego Campero García, concediera una medida cautelar dentro de una acción popular presentada por María Elena Aramayo Quinteros, ordenando a la red Unitel suspender la difusión de encuestas prevista para la noche del debate electoral.
Arancibia advirtió que, de confirmarse irregularidades, su bancada impulsará acciones legales ante el Ministerio Público contra los responsables, a quienes acusó de actuar de manera “fraudulenta y antidemocrática”. También anunció la presentación de peticiones de informe al TSJ y al TSE para esclarecer los alcances de la decisión judicial y su impacto en el derecho a la información.
