La reducción de aproximadamente 8 millones de bolivianos al presupuesto de la Defensoría del Pueblo podría comprometer su independencia institucional y afectar la calificación internacional de Bolivia en materia de derechos humanos, así lo advirtió el defensor Pedro Callisaya.
«La reducción es del 30% en la masa salarial y 10% en los gastos corrientes. Esto implicaría que la Defensoría del Pueblo limite su funcionalidad, afectaría aproximadamente a 70 funcionarios, así como la funcionalidad de 10 oficinas de las 21 que nosotros tenemos en todo el territorio», expresó Callisaya a Sumando Voces.
Callisaya alertó que estas medidas ponen en riesgo el estatus “A” de la Defensoría, otorgado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que exige independencia y autonomía presupuestaria como condiciones fundamentales. “El debilitamiento de la Defensoría no solo afecta su capacidad operativa, sino que también puede generar un impacto negativo en la imagen del Estado boliviano en el ámbito internacional”, señaló.
La “calificación internacional” de la Defensoría del Pueblo de Bolivia se refiere a la acreditación que recibe de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), la cual le otorga la categoría “Clase A” bajo los Principios de París.
Esa categoría indica que la institución cumple con estándares internacionales de independencia, autonomía, mandato amplio y recursos adecuados, y le permite participar con voz propia en órganos de derechos humanos de la ONU y ser reconocida como una institución confiable en la protección de derechos humanos, lo que también influye en la imagen y reputación de Bolivia en el sistema internacional.
Actualmente, el presupuesto de la institución asciende a 443,7 millones de bolivianos, monto que se verá reducido con el ajuste anunciado.
