Hay cosas que en Bolivia generan más escándalo que la corrupción, más indignación que el narcotráfico y más histeria que la falta de dólares: que un campesino pueda decidir sobre su propia tierra.
Sí, así de absurdo suena. Y así de real está ocurriendo.
La aprobación de la famosa Ley 157 ha desatado el grito desgarrado de esa izquierda rancia, esa que vive de hablar en nombre del pobre… pero entra en pánico cuando el pobre deja de necesitarla. Porque, claro, durante décadas el campesino fue útil: como discurso, como bandera, como víctima permanente. Pero nunca como sujeto libre.
Ahora resulta que ese mismo campesino podrá empeñar su tierra, acceder a crédito, tomar decisiones económicas… en resumen, convertirse en ciudadano. Y eso, en este país, parece un pecado capital.
Porque lo que realmente duele no es la ley. Lo que duele es que se está matando —sin ceremonia y sin aplausos de ONG— el último vestigio del feudalismo disfrazado de justicia social. Ese sistema perverso donde el pobre no era dueño de nada… pero sí propiedad política de muchos.
Durante años, el pequeño productor fue marginado del sistema financiero. No era sujeto de crédito. No porque no trabajara. No porque no produjera. Sino porque no tenía cómo demostrarle al banco que existía. Era invisible para el mercado, pero imprescindible para el discurso revolucionario.
Y en ese limbo tan conveniente aparecieron los salvadores profesionales: ONG bien financiadas, técnicos de escritorio, expertos en pobreza que jamás pisaron un surco, pero sí supieron administrar millones en nombre del campesino… manteniéndolo exactamente donde siempre estuvo: abajo.
Por eso molesta tanto esta ley.
Porque rompe el molde. Porque le dice al productor: “Aquí está tu tierra, hacé con ella lo que te dé la gana”. Y esa frase, tan simple, es dinamita pura para quienes construyeron su poder sobre la tutela eterna del campo.
Detrás de esta iniciativa hay algo que incomoda aún más: no nació en un escritorio europeo ni en un seminario de desarrollo. Nació desde la experiencia. Desde el barro. Desde alguien que conoce al productor, que entiende sus limitaciones y sus potencialidades.
Y ahí aparece la figura del senador Branko Marinkovic, un productor agropecuario que no necesita que le cuenten cómo funciona el campo, porque lo ha vivido. Y sí, con el respaldo del presidente, se logró algo que parecía imposible en este país: aprobar una norma que no trata al campesino como menor de edad.
Porque eso es lo que realmente está en juego. No es solo una ley.
Es la posibilidad de que cada pequeño productor decida si quiere arriesgar, crecer, equivocarse o prosperar. Es el derecho a fracasar por cuenta propia, que en cualquier sociedad libre es la antesala del éxito, pero que en Bolivia parecía reservado solo para los políticos.
Claro, los críticos dirán que esto es peligroso. Que el campesino puede perder su tierra. Que el mercado es cruel. Que el crédito esclaviza.
Curioso. Nunca les preocupó que el campesino siguiera siendo pobre. Pero ahora sí les preocupa que pueda dejar de serlo. Porque el verdadero negocio nunca fue sacarlo de la pobreza… sino administrarla.
Hoy, con la Ley 157, se rompe ese pacto silencioso. Se le entrega al productor algo que en Bolivia siempre fue más escaso que el dinero: libertad.
Y eso, para la izquierda más rancia, no es progreso. Es una amenaza.
