La provisión de alimentos para los privados de libertad en los centros penitenciarios de Palmasola y Norte Integrado se encuentra en riesgo debido a una deuda acumulada de la Gobernación de Santa Cruz, que no ha cancelado el prediario de 8 bolivianos por persona desde hace más de dos meses.
El concesionario del servicio, Wilman Montaño, envió una carta a las autoridades departamentales solicitando el pago pendiente y advirtiendo que, de no regularizarse la situación, se verá obligado a suspender la alimentación en ambos recintos penitenciarios, lo que podría generar conflictos entre los internos.
“La situación es preocupante. He enviado cartas desde el 31 de marzo solicitando el pago de saldos correspondientes a enero, febrero y marzo, y ya estamos a mitad de abril sin respuesta”, señaló Montaño, en entrevista con El Deber.
El responsable del servicio explicó que actualmente no cuenta con recursos para continuar operando. “Ya no hay dinero para cocinar. Incluso si la Gobernación depositara hoy, se debe ir al mercado a comprar insumos. Los internos reciben su alimentación entre las 11:30 y 12:00; si no se cumple, podrían producirse amotinamientos”, advirtió.
Montaño indicó que recientemente sostuvo una reunión con el secretario de Presupuesto y una asesora del Gobernador, quienes se comprometieron a realizar un desembolso parcial —equivalente al 0,02% de la deuda— para garantizar la alimentación hasta el domingo. Asimismo, se prevé una nueva evaluación el lunes para gestionar un pago mayor que evite la suspensión del servicio.
“El presupuesto es muy bajo: 8 bolivianos para desayuno, almuerzo y cena. Para muchos privados de libertad, es la única comida que reciben al día”, lamentó.
Finalmente, el concesionario expresó su preocupación por la situación y señaló que espera una solución en el transcurso de la jornada para no afectar a la población penitenciaria.
