El vocero de la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Bernardo Montenegro, enfatizó que el informe presentado por la comisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el caso del mercado Mutualista, no ofrece una alternativa clara respecto al cumplimiento de la sentencia constitucional vigente.
En esa línea, pidió al presidente del TSJ, Rómer Saucedo, y a la comisión que revisó todo el proceso que les ofrezcan una salida para no cumplir el fallo del Tribunal Constitucional (TCP) que ordena al municipio entregar la documentación de los terrenos del Mutualista y del que ya se han excedido los plazos para su cumplimiento.
Montenegro remarcó que durante más de dos años y medio se agotó todas las instancias legales para defender los intereses de la ciudad, realizando denuncias y gestiones tanto en el Ministerio Público como en la vía judicial.
El vocero consideró que el propio informe del TSJ reconoce que el Ejecutivo municipal actuó dentro del marco legal y presentó oportunamente denuncias sobre diversas irregularidades en el proceso.
Entre ellas, mencionó supuestas actuaciones indebidas de una jueza en Pailón al inicio del caso, la presunta falsificación de planos y observaciones en la declaratoria de herederos. Según explicó, estos hechos fueron denunciados en reiteradas ocasiones por el municipio, aunque no prosperaron en el Ministerio Público.
Ante el rechazo de dichas denuncias, la Alcaldía impulsó una acción de reconversión y posteriormente una acción ordinaria que actualmente se encuentra en instancias judiciales, con el objetivo de esclarecer la presunta falsificación de documentos.
“Queremos agradecer el trabajo de la comisión, porque confirma que el municipio hizo todas las denuncias posibles en estos dos años y medio. Sin embargo, no se ha dado respuesta a lo principal”, sostuvo Montenegro.
El funcionario insistió en que el informe no resuelve el tema de fondo: cómo proceder frente a una sentencia constitucional que es de cumplimiento obligatorio, inapelable e irrevisable.
Asimismo, advirtió que el alcalde Jhonny Fernández enfrenta un proceso judicial, con medidas sustitutivas e incluso riesgo de detención, por el presunto incumplimiento de dicha sentencia.
“¿Qué hacemos como Ejecutivo Municipal? A la comisión y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, dennos una salida para no dar cumplimiento a esta sentencia", insistió el vocero.
Saucedo señaló que las decisiones del TCP puede ser revisadas por la misma instancia y mencionó como precedente el caso del fallo que autorizaba la reelección indefinida y que luego fue corregido.
