Celebrar la intervención del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, en el caso del Mercado Mutualista es comprensible. Cuando alguien aparece con credenciales de honestidad en un sistema donde la corrupción es el idioma oficial, el alivio es genuino. Pero no hay que confundir alivio con la curación de un cáncer terminal.
El caso del Mercado Mutualista no es una anomalía. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar: jueces comprados, resoluciones a medida, y una legalidad de escaparate que protege intereses privados. Doscientos millones de dólares en juego, fallos torcidos, y una institucionalidad que mira para otro lado. Eso no es un incendio accidental. Eso es la arquitectura del poder judicial boliviano en plena operación.
La figura del juez-héroe, del funcionario providencial que sale a apagar incendios con su propia autoridad moral, es tan seductora como peligrosa. Las democracias maduras no se sostienen sobre hombres íntegros; se sostienen sobre instituciones que hacen irrelevante la falta de integridad individual. Cuando un sistema depende del carácter excepcional de una persona, ese sistema ya fracasó. Saucedo no puede ir juzgado por juzgado, caso por caso, subsanando la barbarie cotidiana de una justicia capturada. Nadie puede. Y esperar que lo haga es, en el fondo, resignarse a que nada cambie.
La pregunta que Bolivia debe hacerse hoy, con el Mutualista todavía humeante, no es quién salvó el edificio. Es por qué el edificio seguía en pie a punto de colapsar. La respuesta está en dos décadas de inercia reformista: se habla de podredumbre judicial como quien comenta el tiempo, con resignación estoica y sin consecuencias políticas para nadie. Once magistrados autoprorrogados se fueron de vergüenza, sí. Pero el resto del sistema sigue operando. Los mismos mecanismos de selección opaca, los mismos incentivos perversos, la misma colonización política del poder judicial que liberó violadores, protegió narcotraficantes y traficó con sentencias al mejor postor.
Una reforma judicial real no es cosmética ni gradual. Implica transformar radicalmente el sistema de elección de jueces, eliminando la lógica de cuotas políticas que convierte cada nombramiento en moneda de cambio. Implica mecanismos de rendición de cuentas efectivos, carrera judicial basada en meritocracia y evaluación continua, y un Ministerio Público con autonomía real frente al Ejecutivo. Implica, en suma, construir una institucionalidad que no dependa de espadachines sino de reglas claras y cumplidas.
Nada de esto ocurrirá si el caso Mutualista se cierra como un episodio de héroe y villano, con Saucedo en el papel estelar y el sistema intacto en el fondo. La ciudadanía tiene todo el derecho de sospechar que detrás de la gestualidad mediática hay una conveniencia política: que la actuación visible sirve para desactivar la presión reformista, para dar la sensación de que algo se hace mientras todo sigue igual.
Hay que celebrar la honestidad cuando aparece. Pero hay que exigir a las instituciones que la vuelvan prescindible. Bolivia no necesita un nuevo caudillo en la justicia. Necesita, de una vez, una justicia que no los necesite.
La figura del juez-héroe, del funcionario providencial que sale a apagar incendios con su propia autoridad moral, es tan seductora como peligrosa. Las democracias maduras no se sostienen sobre hombres íntegros; se sostienen sobre instituciones que hacen irrelevante la falta de integridad individual.
