El comandante de la Segunda División del Ejército, Cnl. William Revuelta, informó que, entre marzo y abril, se logró recuperar 9 toneladas de mineral y fueron detenidos más de 80 jucus, que fueron sorprendidos en la Empresa Minera Huanuni (EMH), durante los operativos de patrullaje realizados.
Dijo que el Ejército de Bolivia tiene un convenio interinstitucional con la EMH para que se realicen las tareas de seguridad en todos los perímetros de la empresa y que 150 efectivos militares se encargan de esa actividad y cuentan con todos los medios necesarios.
El control en la EMH se reforzó tras la suscripción de un acuerdo con la Gerencia Regional de la Corporación Minera de Bolivia en Oruro (Comibol), la EMH, la Segunda División del Ejército y el Comando Departamental de Policía de Oruro, el 1 de abril de este año.
El objetivo del acuerdo es coordinar acciones preventivas, disuasivas, de control y de persecución penal, en el marco de las atribuciones y competencias de las instituciones participantes, frente a la sustracción ilegal de minerales en el distrito minero de Huanuni.
Revuelta explicó que, debido al incremento de los precios de los minerales, las actividades delictivas del juqueo se han incrementado en la región. “Es por este motivo que estamos incrementando el patrullaje en todas las operaciones relacionadas con el control de este ilícito”, dijo a Red Uno.
“Es así que durante el mes de marzo se han hecho 29 operativos y se ha detenido a 67 denominados jucus y se han recuperado aproximadamente 6 toneladas de mineral”, informó.
En el mes de abril, hasta el momento se ha logrado recuperar aproximadamente 3 toneladas y detener a 17 jucus, informó. Destacó que ahora los delincuentes son más avezados, porque realizan sus actividades en vehículos.
“En una operación se han detenido dos vehículos; en cada vehículo había tonelada y media de mineral, avaluada en casi 5 millones de Bs”, informó.
Revuelta informó que, con el objetivo de optimizar las tareas de control que se realizan en la empresa minera, se efectuarán diferentes cursos de capacitación dirigidos a efectivos militares encargados del resguardo de este centro minero.
El acuerdo suscrito establece que se dará una respuesta institucional contra ese delito que no se limitará solo al robo de minerales, sino que además alcanzará a la investigación y persecución de personas y empresas que compren mineral ilegal o sustraído de la EMH.
Con ese propósito, se dejará una señal clara de que este delito no termina en la extracción clandestina, sino que comprende también a quienes intervienen en su compra.
El marco legal establecido para realizar estas tareas de control se encuentra en la Ley 1093, de agosto de 2018, que incorporó al Código Penal figuras específicas vinculadas a la sustracción de minerales, entre ellas: la asociación delictuosa para estos delitos, el hurto de minerales, el robo de minerales, el robo agravado de minerales y la receptación proveniente de delitos vinculados a la sustracción de minerales.
Esta norma endurece las penas contra el robo de minerales, imponiendo sanciones de seis a 10 años de cárcel por robo agravado. Esta normativa modifica el Código Penal, sancionando también la comercialización, compra y receptación de mineral ilegal con penas de uno a cinco años.
También sanciona a quien reciba, oculte, venda o compre minerales sabiendo su origen ilícito e incluye una previsión más grave para propietarios, gerentes o administradores de comercializadoras o ingenios que participen en esa cadena.
Con este acuerdo, se reafirma la importancia del trabajo articulado para enfrentar el juqueo, resguardar la producción minera estatal y defender los recursos minerales frente a actividades ilegales, incluyendo a quienes se benefician de la compra de mineral sustraído.
El acuerdo prevé gestionar ante la Asamblea Legislativa la modificación y el endurecimiento de penas, en la perspectiva de fortalecer la respuesta del Estado frente a un delito que genera pérdidas económicas para los trabajadores y conflictividad social en el distrito minero de Huanuni.
El 15 de abril, el presidente del Comité Cívico de ese departamento, Gerson Mollinedo, dio a conocer su inquietud por el crecimiento de ese delito y demandó al Gobierno la aprobación de una ley corta que permita endurecer las sanciones penales, informó radio Fides.
Afirmó que, a pesar de que el distrito minero se encuentra militarizado, el robo de minerales continúa. Los grupos dedicados al robo de mineral no llegan en pequeños grupos, sino en contingentes de entre 100, 200, 500 y hasta 1.000 personas.
El representante cívico denunció que los jucus cuentan con un mayor nivel de organización y de armamento que las propias fuerzas policiales.
Mollinedo hizo esta denuncia después de que el 12 de abril 11 personas fueron aprehendidas, entre ellas un menor de edad. Durante la intervención, se hallaron aproximadamente 320 kilos de mineral en poder de los denominados jucus.
