El asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure no puede leerse únicamente como otro episodio de violencia criminal: es un mensaje directo al poder político. Cuando el sicariato ejecuta a una autoridad judicial en plena vía pública, no solo elimina a una persona, sino que desafía abiertamente al Estado y pone en cuestión su capacidad de control. Las palabras del presidente del TSJ reflejan una realidad inquietante: el narcotráfico ya no opera en las sombras, sino que disputa espacios de poder y autoridad. En este contexto, el gobierno de Rodrigo Paz enfrenta una prueba crítica. No se trata de contener enfrentamientos entre bandas, sino de responder a una estructura criminal que busca imponer miedo, condicionar decisiones y debilitar instituciones. La “ausencia de Estado” mencionada no es solo una percepción, es el terreno fértil donde crecen estas redes. La respuesta no puede ser tibia ni reactiva. Se requiere una acción firme, coordinada y transparente que restituya la autoridad estatal y envíe un mensaje claro: el poder legítimo no está en disputa.