
Joaquín Guzmán Loera solicitó formalmente ser extraditado a México para enfrentar los cargos pendientes en su país, mediante una carta enviada a la corte federal del Distrito Este de Nueva York.
El documento, fechado el 23 de abril y recibido oficialmente el 1 de mayo, constituye un nuevo intento del exlíder del Cártel de Sinaloa por modificar su situación jurídica en Estados Unidos.
En la misiva, redactada en inglés con múltiples errores gramaticales, Guzmán expresa su deseo de abandonar la prisión de máxima seguridad ADX Florence, donde cumple cadena perpetua desde 2019.
El narcotraficante argumenta que durante su proceso judicial se vulneraron sus derechos fundamentales y sostiene que existían pruebas a su favor que nunca fueron presentadas ante el tribunal.
Según expone en su escrito, estas supuestas irregularidades justificarían la anulación de su condena y abrirían la posibilidad de ser juzgado nuevamente, esta vez en territorio mexicano.
Guzmán dirigió su petición directamente a las cortes de distrito y sugirió que autoridades de México y Estados Unidos coordinen su eventual traslado.
El recurso fue presentado a través de la oficina Pro Se de la Corte de Brooklyn, lo que indica que actuó sin la representación ni respaldo formal de su equipo legal.
No es la primera vez que el capo utiliza cartas manuscritas para dirigirse directamente a jueces estadounidenses, una estrategia que ya había empleado para denunciar sus condiciones de aislamiento.
Actualmente, Guzmán permanece recluido bajo estrictas medidas de seguridad, consideradas entre las más severas del sistema penitenciario federal estadounidense.
Las posibilidades de éxito de esta nueva solicitud son mínimas, según especialistas legales, debido a que instancias judiciales previas ya ratificaron la legalidad de su extradición.
En 2022, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó la sentencia de cadena perpetua, cerrando prácticamente todas las vías ordinarias de apelación.
Hasta ahora, la Corte de Brooklyn incorporó la carta al expediente, aunque no se prevé que genere cambios sustanciales en el estatus legal del exnarcotraficante.
El caso refuerza la postura de Washington frente a líderes del narcotráfico extraditados, mientras Guzmán continúa recurriendo a acciones individuales para mantener viva su disputa judicial.