La Policía Boliviana enfrenta una grave denuncia por presunto avasallamiento y falsificación documental, tras ocupar durante 25 años un predio ubicado entre el tercer y cuarto anillo de la ciudad de Santa Cruz, cuyo derecho propietario fue reconocido en reiteradas ocasiones por la justicia a favor de Teresa Triviño Bazán, una adulta mayor de 72 años.
Según la denuncia presentada ante el Senado, el Ministerio de Gobierno y otras instancias de control, la unidad UPAR-DELTA de la Policía Departamental de Santa Cruz se asentó ilegalmente sobre aproximadamente 26.000 metros cuadrados del predio “Villa Praga” para instalar una unidad de Policía Montada.
Con el objetivo de consolidar la ocupación, en 2018 la institución policial firmó un convenio con la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) para ejecutar, mediante el programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, el proyecto “Centro Deportivo Policial del Departamento de Santa Cruz”, previsto sobre una superficie de 13.000 metros cuadrados y con una inversión de Bs 8 millones.
De acuerdo con la denuncia, durante ese proceso la Policía recurrió a terceras personas para sostener el avasallamiento del terreno, ubicado en el denominado “triángulo de oro”, una de las zonas inmobiliarias y comerciales más cotizadas de la capital cruceña. Uno de ellos, Félix José Moreno Antelo, identificado como supuesto “palo blanco”, fue condenado con sentencia ejecutoriada a tres años de cárcel por el delito de despojo.
En realidad, el verdadero objetivo era urbanizar parte del predio, distribuir lotes entre un selecto grupo de policías y utilizar el centro deportivo como espacio exclusivo de una urbanización privada. Sin embargo, el proyecto no prosperó y la denominada “Policía Montada” terminó reducida a un corral de caballería.
Distintas resoluciones y peritajes técnicos consolidaron el derecho propietario de la señora Triviño Bazán, estableciendo además que la ocupación policial carecía de respaldo legal y ordenando la restitución del inmueble, decisiones que la Policía nunca cumplió y se dedicó a “chicanear” otorgando poder a terceros.
“EVO CUMPLE” CANCELÓ EL CONTRATO
Ante la denuncia de la parte afectada, la Unidad de Transparencia del Ministerio de la Presidencia abrió una investigación vía UPRE y concluyó que la Policía no contaba con derecho propietario saneado ni consolidado sobre el predio.
En una nota oficial dirigida el 5 de noviembre de 2019 al entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, la UPRE informó de la resolución del convenio y la cancelación del financiamiento para la “Construcción Centro Deportivo Policial del Departamento de Santa Cruz”. Hasta ese momento, la obra ya había gastado 2 millones de bolivianos y quedó paralizada sin que nadie asumiera responsabilidad.
ARGUMENTOS DE LA POLICÍA
La Policía Boliviana afirma que el coronel Carlos Fernández Gonzales compró el 15 de julio de 1990 un lote de 13.427,66 metros cuadrados por un valor de Bs 2.000 a Braulio Soto Moreno, supuesto propietario del fundo rústico “El Algarrobal”, ubicado en el cantón La Guardia, en Santa Cruz.
La institución policial sostiene además que, según el expediente agrario N° 37171, Braulio Soto Moreno obtuvo el terreno mediante dotación agraria a través de la Resolución Suprema N° 186526 del 17 de diciembre de 1977 y del Título Ejecutorial N° 709564 del 30 de septiembre de 1981, documentos que -según afirma- se encuentran inscritos en Derechos Reales bajo la partida N° 1666 del libro segundo del Registro de Propiedad de la provincia Andrés Ibáñez.
Con estos expedientes, la Policía pidió ante la Alcaldía cruceña la aprobación de planos y la Alcaldía, para la validación de sus planos requeridos por la UPRE, solicitó al Director Departamental del INRA la confirmación de los Títulos del predio "El ALGARROBAL" de propiedad de la Policía Boliviana
El INRA a través del Informe U/T/C N° 0442/2009 de fecha 24 de septiembre de 2009 firmado por la Jefa de Titulación y Certificaciones del INRA, certifica que:
El informe del INRA estableció que el expediente agrario N° 37171 y la Resolución Suprema N° 186526 corresponden al predio “Buena Vista”, ubicado en Carandayti, Chuquisaca, mientras que el Título Ejecutorial N° 709564 figura a nombre de Bautista Gonza DuranB sobre un terreno situado en Pocona, Cochabamba.
Además, certificó que no existe registro del predio “El Algarrobal” en La Guardia, Santa Cruz, ni títulos emitidos a nombre de Braulio Soto Moreno, por lo que concluyó que la documentación presentada por la Policía era falsa. Con base en ello, la Alcaldía rechazó en 2018 la inscripción topográfica solicitada por la institución policial.
Jefes policiales señalados
El memorial elevado ante el Senado identifica a varios jefes policiales y asesores jurídicos implicados en la detentación ilegal. Entre ellos figura el comandante general de la Policía Boliviana, Gral. My. Augusto Juan Russo Sandoval quien firmó un informe aduciendo propiedad del lote; el comandante departamental de Santa Cruz, Cnl. Desp. Rolando Raúl Rojas Daza; el comandante de la unidad UPAR DELTA, Cnl. MSc. C.A.D. Marco Alexei Murguía Ramos; y el abogado Rubén Quispe Condori, asesor legal del Comando Departamental.
Actualmente, Teresa Triviño Bazán sostiene que, pese a más de dos décadas de litigios y múltiples resoluciones judiciales a su favor, continúa impedida de ejercer plenamente su derecho propietario sobre el terreno ocupado por la Policía Boliviana.
