Una jueza penal de la ciudad de Santa Cruz emitió el pasado 22 de abril una tercera orden de desapoderamiento para que la Policía Boliviana proceda al desalojo de un predio avasallado desde hace 25 años, en favor de la señora Teresa Triviño Bazán.
El decreto fue firmado por la jueza de Sentencia Penal Anticorrupción Tercero de Santa Cruz, Gabriela Cuéllar Velasco, y establece un plazo de cinco días hábiles, que corre a partir de la notificación legal realizada el 6 de mayo de 2026 al principal sindicado del avasallamiento, Félix José Moreno Antelo, señalado como presunto “palo blanco” en la ocupación del predio.
El plazo vence este miércoles, fecha en la que la Policía Boliviana debería proceder a dejar el inmueble, ubicado en la zona norte del municipio de Santa Cruz de la Sierra, con una superficie de 49.049,53 metros cuadrados, según el peritaje aprobado judicialmente.
De acuerdo con el abogado de la parte afectada, Ramiro Aguilera, la instructiva judicial dispone que el operativo de desalojo debe ejecutarse con apoyo de la Policía Boliviana. El jurista expresó su confianza en que esta vez la orden sea cumplida, al tratarse -según afirmó- de un proceso ejecutoriado y con calidad de cosa juzgada.
Aguilera recordó que el conflicto se originó en un proceso penal por despojo, dentro del cual se dictó sentencia condenatoria contra Moreno Antelo, a denuncia presentada por Luis Alberto Justiniano Hurtado en representación de Teresa Triviño Bazán. Una Sala Penal confirmó la condena el 24 de octubre de 2017.
El abogado también señaló que durante años la Policía Boliviana no habría dado cumplimiento a anteriores órdenes de desapoderamiento, situación que estaría vinculada a un supuesto conflicto de intereses. Añadió que, conforme a los antecedentes del caso, los documentos presentados por la institución policial habrían sido cuestionados dentro del proceso.
Asimismo, indicó que el derecho propietario de la denunciante estaría plenamente consolidado mediante tres resoluciones judiciales previas, incluyendo una sentencia civil de mensura y deslinde, una sentencia penal ejecutoriada y una resolución de sala civil del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
El caso también fue puesto en conocimiento del Viceministerio de Régimen Interior y Policía del Ministerio de Gobierno, instancia que -según la parte denunciante- ya habría tenido conocimiento desde el gobierno de Evo Morales, Luis Arce y ahora Rodrigo Paz.
El abogado Aguilera señaló que incluso se realizaron reuniones de coordinación con autoridades policiales y del Ejecutivo en 2025 para la ejecución del operativo. En esa oportunidad, la Policía de Santa Cruz se comprometió a dejar el predio, pero posteriormente el apoderado de la institución policial promovió incidentes legales reclamando el derecho de terceras personas, situación que ha retrasado nuevamente el cumplimiento de la orden.
La parte afectada espera que tanto el Ministerio de Gobierno como la Policía Boliviana ejecuten finalmente la disposición judicial dentro del plazo establecido y se haga justicia en favor de una adulta mayor de 72 años, que ha sobrellevado casi 25 años de litigio en tribunales cruceños.
