El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, atribuyó el problema de la gasolina desestabilizada a tres factores estructurales: vacíos normativos en el control de calidad, el deterioro de los tanques de almacenamiento y la presencia de diolefinas en el combustible importado.
“Estas tres condiciones: un vacío normativo, las condiciones operativas en los tanques y este último hallazgo que tiene que ver con haber detectado trazas de estas diolefinas en la gasolina, se han dado en forma simultánea. (...) Hoy podemos decirlo con total certeza y con la frente en alto que la crisis de calidad de la gasolina es un capítulo que estamos cerrando definitivamente. Hemos identificado todas las causas”, afirmó Daroca en conferencia de prensa.
Según explicó, la normativa boliviana regulaba la calidad de la gasolina en el punto de venta, pero no la gasolina base importada durante su transporte desde puertos internacionales. A ello se sumaban contratos heredados que aplicaban parámetros incorrectos para ese combustible intermedio.
También señaló que entre 2023 y 2025 los tanques de almacenamiento operaron casi vacíos debido a la crisis de divisas y abastecimiento. Esa situación provocó oxidación, acumulación de sedimentos y formación de gomas en las paredes de los tanques.
El titular de YPFB indicó que cuando la nueva administración de YPFB comenzó a llenar nuevamente los tanques para crear reservas de seguridad, esos residuos se mezclaron con la gasolina y terminaron llegando al mercado. A esto se añadió la detección de diolefinas, compuestos inestables que afectan motores e inyectores.
ma de la gasolina desestabilizada y las denuncias se reportaron desde enero, cuando cientos de choferes protestaron por daños en sus vehículos. El caso escaló hasta que el Gobierno activó mecanismos de resarcimiento y sostuvo reuniones con los sectores afectados, que continuaron movilizándose hasta mayo en demanda del cumplimiento de los compromisos asumidos.
El problema de la gasolina desestabilizada y las denuncias se reportaron desde enero, cuando cientos de choferes protestaron por daños en sus vehículos. El caso escaló hasta que el Gobierno activó mecanismos de resarcimiento y sostuvo reuniones con los sectores afectados, que continuaron movilizándose hasta mayo en demanda del cumplimiento de los compromisos asumidos.
En respuesta al problema, la estatal renegoció contratos con proveedores para endurecer los controles de calidad desde el origen y anunció inspecciones en buques antes de la descarga del combustible en puertos internacionales. Además, propuso incorporar un nuevo parámetro técnico en la normativa para medir la estabilidad de la gasolina y detectar diolefinas.
Aseguró que la gasolina que hoy se comercializa en el país es “más controlada, más tratada y más segura que nunca”, además de confirmar el desembolso de más de Bs 34 millones en compensaciones a afectados.
Daroca informó que toda la información técnica y los hallazgos de la investigación ya fueron remitidos a las comisiones de investigación del Senado y Diputados. Según dijo, esos elementos permitirán avanzar en la identificación de responsabilidades por la gasolina desestabilizada.
