Resulta una broma de mal gusto, casi un ejercicio de humor negro, escuchar al embajador de China en Bolivia, Wang Liang, exigir "reglas claras" y "seguridad jurídica" al actual gobierno de Rodrigo Paz. Tras dos décadas de una relación simbiótica y oscura con el régimen autoritario del MAS, estas declaraciones bordean el insulto a la memoria democrática del país. Durante veinte años, las empresas chinas disfrutaron de un sistema entreguista que les otorgó contratos directos, concesiones extractivas sin control y una complicidad política absoluta. Bajo el ala de la dictadura masista, la opacidad fue la norma y el beneficio fue mutuo, a costa de la institucionalidad boliviana. Hoy, cuando el país intenta restablecer el Estado de Derecho y limpiar las estructuras corrompidas, el gigante asiático —que se benefició de la arbitrariedad— pretende dar lecciones de formalidad. Que el mayor socio de un sistema que ignoró la ley ahora se muestre "expectante" ante la nueva legislación, parece una burla cínica hacia un pueblo que busca soberanía y transparencia.