La radiografía presentada por la Fundación Milenio confirma que el crimen organizado goza de buena salud y no está dispuesto a ceder terreno. La magnitud del narcotráfico, la minería ilegal y las redes transnacionales revela un un sistema de poder enquistado en estructuras políticas, sindicales, policiales y judiciales. Por eso, cada intento de desmontar ese entramado encuentra una resistencia feroz, conflictos permanentes y operadores dispuestos a defender a capa y espada la continuidad del narcoestado construido durante casi dos décadas. Bolivia dejó de ser un simple país de tránsito para convertirse en una plataforma integrada de producción y exportación de cocaína conectada con carteles brasileños, mexicanos y mafias europeas. Ese crecimiento no habría sido posible sin protección política, corrupción institucional y una deliberada permisividad estatal que debilitó la cooperación internacional y abrió espacios de impunidad. La captura de Sebastián Marset y el retorno de vínculos con la DEA explican el nerviosismo de sectores acostumbrados a convivir con economías ilícitas multimillonarias. Cuando el crimen pierde privilegios, responde con presión, desestabilización y confrontación. Ahí está la raíz profunda de muchos conflictos actuales.