En Bolivia sobran los “conflictólogos”, y esta vez varios coinciden en un diagnóstico incómodo: el país vive más ruido que nueces. Detrás de las marchas, saqueos, barricadas y ataques a instituciones públicas no existiría una fuerza homogénea ni un movimiento con una propuesta clara de futuro, sino una coalición fragmentada que busca empujar al gobierno al error. El objetivo sería provocar una reacción desmedida, generar muertos o represión y abrir el camino para una caída política o para reinstalar el viejo modelo rentista y corporativo que tuvo en el gas su principal combustible durante la era de Evo Morales. Eso también explica por qué el gobierno evita actuar con la fuerza que muchos sectores del país reclaman. La historia boliviana demuestra que una mala decisión represiva puede convertirse en el detonante de una crisis terminal. Sin embargo, la violencia callejera está llevando la situación al extremo. La Paz arde entre explosivos, saqueos y vandalismo. Y allí aparece la gran interrogante: si tenían razón los expertos en conflictos que ven una crisis inflada políticamente, o si las calles terminarán imponiendo una realidad mucho más peligrosa e incontrolable.