Bolivia atraviesa una de las crisis más profundas de su historia republicana. No se trata de una crisis política ordinaria, de esas que el país ha sabido resolver con pactos, negociaciones y algo de pragmatismo. Lo que ocurre ahora es cualitativamente distinto: es la resistencia organizada, violenta y desesperada de estructuras criminales que durante casi dos décadas colonizaron el Estado boliviano y que hoy sienten, por primera vez en mucho tiempo, que alguien les está pisando los talones.
El informe de la Fundación Milenio lo documenta con rigor, pero quien conoce Bolivia de cerca no necesita estadísticas para entenderlo: los sindicatos cocaleros del Chapare, las organizaciones sociales que bloquean carreteras, los dirigentes que agitan a las masas no son correas de transmisión del crimen organizado. Son la fachada social de un negocio valuado en miles de millones de dólares que conecta laboratorios en el trópico boliviano con las calles de São Paulo, Madrid y Shanghái.
Durante veinte años, ese sistema funcionó con una lógica perversa pero coherente: el narcotráfico financiaba la política, la política protegía al narcotráfico, y ambos se cubrían bajo el manto de la lucha por la soberanía y los derechos indígenas. La expulsión de la DEA en 2008 fue la apertura formal de la puerta trasera. Lo que hoy vive Bolivia no es protesta social. Es una contraofensiva criminal.
Y aquí está el nudo del problema: no hay salida fácil. Que nadie se engañe pensando que la renuncia del presidente Rodrigo Paz resolvería algo. Al contrario: sería la señal más clara de que en Bolivia el crimen organizado tiene poder de veto sobre los gobiernos. Sería la repetición del libreto que el narcotráfico ha ensayado en otras latitudes, con resultados que conocemos: más impunidad, más penetración institucional, más violencia.
La única salida real, la única que tiene alguna posibilidad de éxito, es la cooperación internacional decidida y sin complejos. Daniel Noboa lo entendió en Ecuador cuando el crimen organizado intentó tomar el poder por asalto, cuando un capo fue sacado de prisión en helicóptero y cuando cámaras de televisión fueron tomadas por hombres armados. Noboa no negoció. Declaró conflicto armado interno, llamó a sus aliados y golpeó. Hoy Ecuador no es un paraíso, pero tampoco es Afganistán.
Bolivia está en esa encrucijada exacta. Si el gobierno de Paz cede ante la presión de las calles criminalizadas, si retrocede en la cooperación con la DEA, si abandona la estrategia del Escudo de las Américas, el país no volverá simplemente a la normalidad del MAS. Caerá en algo peor: un narcoestado sin siquiera la apariencia de institucionalidad.
La historia no perdona la debilidad en los momentos decisivos. Bolivia necesita hoy lo que más le cuesta aceptar: ayuda externa, cooperación internacional sin eufemismos y la determinación de no rendirse ante quienes confunden las calles con un campo de batalla propio. La única salida es hacia adelante. Y no se camina solo.
