Bolivia no atraviesa una crisis de gobernabilidad. Atraviesa algo más perturbador: una crisis de imaginación colectiva. El país actúa como si el conflicto fuera una forma de política, como si bloquear una carretera equivaliera a deliberar, como si arrancarle concesiones a un gobierno débil fuera lo mismo que construir un Estado. Y el gobierno de Rodrigo Paz, lejos de romper ese ciclo, lo ha profundizado.
El diagnóstico más honesto de este mayo convulso no es que Bolivia enfrenta una conspiración —aunque la hay— ni que sufre una crisis económica heredada —aunque es real. Bolivia tiene un sistema político en el que nadie quiere realmente gobernar, pero todos quieren el poder. Es una distinción que parece semántica y es, en realidad, la clave de todo.
Gobernar implica tomar decisiones impopulares, jerarquizar intereses contradictorios, decirle a un sector que su demanda legítima no puede ser atendida hoy porque hay una prioridad mayor. Ningún actor boliviano relevante está dispuesto a hacer eso. El gobierno de Paz administra urgencias sin construir autoridad. Las organizaciones corporativas —magisterio, cooperativistas, transportistas, gremialistas— no buscan transformar el país sino preservar sus posiciones de renta dentro del Estado. Y la oposición, incluyendo al masismo desarticulado, no tiene proyecto: tiene nostalgia.
Lo que se llama "presión social" es la negociación de privilegios. No hay un campo popular homogéneo enfrentado a un bloque oligárquico. Hay docenas de corporaciones con intereses propios, muchas veces contradictorios entre sí y con el bienestar general, que utilizan el lenguaje de la reivindicación para capturar rentas estatales. El cooperativismo minero que bloquea caminos no es la vanguardia del pueblo: en muchos casos es un actor que resiste la tributación y la regulación ambiental. El sindicalismo que pide la renuncia presidencial no actúa en nombre de los trabajadores bolivianos: actúa en nombre de su propia sobrevivencia institucional.
La gran trampa ideológica de Bolivia —que tanto la izquierda como la derecha reproducen con igual fervor— es confundir origen social con contenido político. Que una demanda provenga de sectores populares no la hace automáticamente emancipadora. Que un acuerdo lleve el nombre de "diálogo" no lo hace necesariamente democrático.
Mientras tanto, el país que no marcha, no bloquea y no amenaza —ese 90% de paceños agobiados por la escasez — existe en silencio, sin representación efectiva, esperando que alguien en algún lugar tome una decisión de fondo.
Esa mayoría silenciosa es el verdadero escándalo político de Bolivia. No los que gritan, sino los que esperan. No los que exigen privilegios, sino los que solo piden que el país funcione.
Bolivia no necesita un héroe. Necesita un gobierno que entienda que administrar el colapso no es lo mismo que salir de él. Y necesita, urgentemente, una sociedad capaz de distinguir entre los que defienden un derecho y los que defienden una renta. Sin esa distinción, cualquier salida será apenas la antesala del próximo bloqueo.
Mientras tanto, el país que no marcha, no bloquea y no amenaza —ese 90% de paceños agobiados por la escasez — existe en silencio, sin representación efectiva, esperando que alguien en algún lugar tome una decisión de fondo.
