Dos variables son fundamentales para entender —como aproximación— la profunda crisis de la gestión de la política pública en el país. La primera: ya no hay ninguna conexión, ningún vínculo y, mucho menos, una representación político-partidaria en el país. Hay una durísima insatisfacción con el sistema democrático que no parece resolver —hasta ahora, después de casi 43 años de retorno a la democracia en Bolivia— los problemas más básicos y urgentes de la población, como el acceso a la salud y a la educación de calidad y, por supuesto, tener certidumbre laboral y económica, aunque sean mínimas.
La segunda, quizás la más volátil, es la profunda insatisfacción con el actual modelo democrático y el marcado divorcio de la sociedad civil con sus instituciones de todo nivel. Casi todos los estudios consignan que los bolivianos —mucho más los jóvenes— miran la democracia como un escenario político que no resuelve casi ninguna de sus demandas sociales, y mucho menos aquellas relacionadas con las estructurales, que son absurdamente básicas: el orden social, el libre tránsito por el país, instituciones transparentes y la posibilidad de tener un bienestar económico cierto, por lo menos, en un plazo mediano.
La conclusión a la que llega una gran mayoría de los jóvenes bolivianos es lapidaria: la democracia no nos dio nada, y tampoco esperamos algo de ella. Las percepciones hacia la democracia son negativas; se percibe que no alcanzará para resolver los problemas estructurales críticos del país. Así como están las cosas, a nadie le está funcionando el sistema tal como está vigente, sobre todo al sector formal: al que paga impuestos, al que cumple con toda la tramitología. Los otros gozan de mil beneficios y, además, exigen espacios de poder solo por ser movimiento social. La desigualdad ahora es a la inversa.
Hay rabia y frustración. Y esto se agrava cuando está en juego la esperanza de un cambio real. La única válvula que garantizaba resultados económicos positivos y un reordenamiento social y político, después de todo este larguísimo proceso eleccionario, pareciera estar trunca, inamovible, estática. Esta percepción ocasiona que los bolivianos se tornen agresivos con su entorno y, especialmente, con sus gobernantes de turno, a quienes se les exige mano dura o el inicio de un sistema autoritario que ponga orden y paz en el país. El cansancio y el agotamiento nublan los juicios; no se piensa con claridad. Hay una especie de congestión cerebral. Todos mascullan con rabia un basta, un hay que poner orden, un hay que frenar el abuso sindical corrupto y mafioso de unos pocos que tanto daño le hacen a un país entero.
La frustración, por lo tanto, no debería convertirse en un patrón habitual de conducta, ya que cualquier error o muestra de debilidad frente a quienes provocan y generan caos podría significar la aparición de conductas violentas in extremis y la gestión de escenarios convulsos. Nadie, en su sano juicio, quiere escalar esos peldaños hacia una crisis aguda, salvo, claro está, aquellos movimientos sociales cooptados por la corrupción y aglutinados en torno a intereses mezquinos.
La pregunta que cae sobre la mesa es: ¿hasta qué punto podría asentarse la democracia en una sociedad marcada por los altos niveles de informalidad, pobreza y creciente desigualdad? ¿Hasta qué punto la ya frágil democracia podría mantenerse viva sin caer en un autoritarismo como única respuesta a una sociedad que, en su conjunto, quiere paz, tranquilidad y prosperidad?
Globalmente, casi la totalidad de los regímenes democráticos atraviesan por un ataque sostenido que pone en riesgo su estabilidad y continuidad. El estrés es cada vez mayor y, tal como lo plantea el italiano Da Empoli, estamos viviendo tiempos de depredadores democráticos que a diario horadan las bases constitucionales, legales y formales de una democracia. Ya no nos queda casi nada de qué afianzarnos, de qué hilo jalar para no caer en desgracia. Solo sabemos que la rabia y la frustración están carcomiendo la cultura política.
