La Corte Suprema de Estados Unidos falló este jueves a favor de la empresa portuaria estadounidense Havana Docks Corporation en una disputa por bienes confiscados por el régimen cubano en 1960, una decisión que podría abrir el camino a nuevas demandas relacionadas con propiedades nacionalizadas tras la llegada de Fidel Castro al poder.
La sentencia, aprobada por ocho votos contra uno, respalda la posibilidad de que ciudadanos y empresas estadounidenses reclamen indemnizaciones por el uso de bienes confiscados en Cuba hace más de seis décadas.
El caso fue impulsado por Havana Docks Corporation, empresa propietaria de instalaciones portuarias en La Habana antes de la revolución cubana, que demandó a varias compañías de cruceros por utilizar los muelles confiscados durante operaciones turísticas en la isla.
El gobierno del presidente Donald Trump apoyó la demanda y sostuvo ante la Corte que estas acciones judiciales son una herramienta clave de política exterior para desalentar inversiones extranjeras en propiedades nacionalizadas por el régimen cubano.
El juez Clarence Thomas, autor de la opinión mayoritaria, afirmó que quienes utilizan propiedades “manchadas por una confiscación anterior” pueden ser considerados responsables ante ciudadanos estadounidenses con derechos sobre esos bienes.
La única disidencia provino de la jueza Elena Kagan, quien argumentó que los derechos de Havana Docks sobre los muelles habían expirado antes de que las compañías de cruceros comenzaran a utilizarlos.
El fallo podría tener implicaciones más amplias para otros litigios pendientes, incluido un caso presentado por Exxon Mobil relacionado con activos petroleros y gasíferos confiscados por Cuba tras la revolución comunista.
Antes del ascenso de Fidel Castro, empresas estadounidenses controlaban gran parte de la infraestructura económica cubana, incluyendo electricidad, telefonía, refinerías, minas y extensos campos azucareros. Tras la revolución, el nuevo gobierno inició un amplio proceso de nacionalización de propiedades privadas.
En 1971, la Comisión de Resolución de Reclamaciones Extranjeras certificó la reclamación de Havana Docks por 9,1 millones de dólares, monto que actualmente equivaldría a casi 100 millones ajustados por inflación y que nunca fue pagado.
La controversia judicial se basa en la Ley Helms-Burton, aprobada por el Congreso estadounidense en 1996 tras el derribo de dos avionetas del grupo Hermanos al Rescate por parte de Cuba. La norma permite demandar a quienes “trafiquen” o utilicen propiedades confiscadas por el gobierno cubano.
Aunque presidentes de ambos partidos suspendieron durante años la aplicación de esa disposición por razones diplomáticas, el primer gobierno de Trump la activó nuevamente en 2019, habilitando demandas como la presentada por Havana Docks Corporation.
En 2022, un tribunal federal de Florida había ordenado a cuatro compañías de cruceros pagar más de 110 millones de dólares cada una por utilizar los muelles habaneros. Sin embargo, una corte de apelaciones revocó esa decisión al considerar que los derechos de la empresa sobre el puerto tenían un límite temporal. Con el nuevo fallo de la Corte Suprema, el litigio vuelve a cobrar fuerza y podría marcar un precedente histórico en las reclamaciones sobre propiedades confiscadas en Cuba.
