Tratar de acortar el mandato presidencial, que empezó hace apenas 180 días, más que un absurdo, resulta antidemocrático, dado que los sectores movilizados no presentan una demanda específica y su único objetivo es la renuncia de Rodrigo Paz. A su vez, la orfandad de un partido político que sostenga su gobierno, así como la falta de acción y debilidad de este, contribuyen a que algunos sectores sean hábilmente manipulados para pedir el derrocamiento de su administración.
Hay gente que pide la renuncia del presidente y apoya el insano propósito de que Lara asuma la presidencia. A fin de desentrañar esta disparatada solicitud, sería saludable conocer, al menos en parte, los términos del acuerdo que existió para que Rodrigo Paz haya escogido a este frenético ciudadano como acompañante de fórmula, pues, como se estila en una negociación política, se supone que no fue el producto político de generación espontánea y menos el líder de una tienda política que lo haya promocionado para ocupar ese alto solio vicepresidencial.
De ser inexacta esta hipótesis, el vicepresidente debería salir a declarar, motu proprio, que nunca se prestaría a esa suerte de planes conspirativos y menos si gran parte de ellos se originan en corporaciones del crimen organizado, como es el caso del narcotráfico. De no darse esta aclaración, daría pábulo para pensar que sí hubo un acuerdo previo y que el incumplimiento de alguna de sus cláusulas implicaría su rompimiento, con las consecuencias que venimos sufriendo los bolivianos.
Esa multifacética eclosión de movimientos sociales, que se dieron cita en sus reclamos antigubernamentales y que en su totalidad no significan ni el 1 % de la gente que votó por Rodrigo Paz, promovió desmanes en nuestras carreteras y ciudades, como los insensibles bloqueos incluso a viandantes, que se cobraron la vida de una turista en la carretera al Desaguadero, y el lanzamiento de contenedores de basura desde los puentes del centro de La Paz. Asimismo, hubo algunos ribetes de folclorismo, como los relucientes cascos de los falsos mineros que no acusan ni un rasguño, palmariamente diferentes de los “guardatojos” usados por los obreros de interior mina. Ni hablar del atuendo de los “ponchos rojos”, más apropiado para la entrada del Gran Poder que para librar una batalla.
Con la misma pertinacia con la que denunciamos, desde hace años, las tropelías del Foro de São Paulo, esa entelequia castrochavista que, mediante el robo y el latrocinio, llevó a la quiebra y a la miseria a todos los países del continente que gobernó, como Argentina, Venezuela, Ecuador, Paraguay y Bolivia, ahora trata de evitar su colapso y muerte con la ayuda de su fundador Lula y del colombiano Petro, para cuyo objeto han escogido a Bolivia como el teatro de la batalla decisiva, donde se trate de contener el derrumbe, curiosamente desde las mismas trincheras donde sucumbió el Che Guevara y sus sicarios.
Entretanto, ante la falta de verdaderos combatientes que estén dispuestos a cargar seriamente con la mochila de una guerra, como lo fue el finado Yevgeny Prigozhin, empresario y líder mercenario ruso que Putin utilizó para su invasión a Ucrania, Erik Prince, fundador de Blackwater, quien ha cambiado el curso de las guerras modernas y es uno de los mercenarios más letales del planeta, acaba de publicar en su cuenta de X una advertencia en sentido de que “grupos armados colombianos ya estarían infiltrados en Bolivia, con el objetivo de reforzar las milicias indígenas de Evo Morales para ejecutar un golpe de Estado total”.
Obviamente, esto ya no sería un conflicto interno, sino una invasión encubierta con mercenarios extranjeros que estarían operando en nuestro territorio. ¿Hasta dónde llega esta red? La pregunta incómoda que nadie quiere hacer es: ¿están Gustavo Petro y Lula al tanto o directamente involucrados en lo que ocurre en Bolivia? Lo cierto es que ambos harán todo lo posible por evitar la caída definitiva del Foro de São Paulo, que está al borde del colapso.
