La firmeza que se necesita

Bolivia ha dado una señal inequívoca: la soberanía no se negocia. La declaración de persona non grata de la embajadora colombiana Elizabeth García Carrillo, dispuesta por el canciller Fernando Aramayo, es una respuesta proporcional y necesaria ante las reiteradas declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien calificó los conflictos internos bolivianos como una "insurrección popular" y se ofreció públicamente a mediar en la "crisis política boliviana". Esa intromisión no es diplomacia; es injerencia. Ningún gobierno soberano puede tolerar que un mandatario extranjero legitime protestas internas, respalde a actores políticos cuestionados judicialmente y pretenda erigirse en árbitro de asuntos que corresponden exclusivamente al pueblo boliviano y a sus instituciones. Petro no actúa como mediador neutral. Su historial de alineamiento con el eje bolivariano lo ubica como un protagonista ideológico, no como un facilitador de paz. Bolivia vivió dos décadas de interferencias externas que debilitaron su institucionalidad democrática. El presidente Paz, al responder con firmeza, envía un mensaje claro: esa etapa terminó.