Hace más de una década, al analizar la estructura de poder del masismo, advertí sobre los peligros del corporativismo como mecanismo de dominación política. Señalaba entonces que la captura del Estado por sindicatos y organizaciones afines al Gobierno terminaría erosionando la democracia boliviana. Doce años después, ese peligro ha alcanzado quizá su expresión más extrema.
Lo que hoy observamos ya no es la legítima presión de organizaciones sociales sobre el poder político. Sectores corporativos organizados han terminado colocando a la sociedad como rehén de sus intereses. Por ello, quizá ya no corresponde denominarlos “movimientos sociales”. En muchos casos funcionan como estructuras sindicales que, durante dos décadas, utilizaron el poder político para controlar el Estado, enriquecerse y reproducir privilegios.
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), las Bartolinas, los Interculturales, el Conamaq, los Ponchos Rojos, las cooperativas mineras, la COB y las seis federaciones cocaleras del Chapare no fueron simples aliados del masismo. Fueron parte constitutiva del aparato estatal. Durante veinte años participaron activamente en la distribución del poder, el cuoteo institucional y la administración de recursos públicos.
Desde 2006, el MAS construyó una compleja ingeniería corporativa de dominación. La lógica fue sencilla: cooptar dirigentes, incorporarlos al Estado y convertir a las organizaciones sindicales en brazos políticos del régimen. En el Legislativo, la presencia de dirigentes sindicales fue abrumadora. En el Ejecutivo ocuparon ministerios, viceministerios, direcciones, embajadas, consulados y empresas públicas. Incluso el Órgano Judicial terminó atrapado en el reparto de cuotas de poder.
Históricamente, esto pudo interpretarse como una democratización del acceso al Estado. Sectores excluidos ingresaban por primera vez a espacios de decisión. El problema no fue ese, sino la perversión posterior.
Muchos dirigentes terminaron traicionando a sus bases. Mientras millones de campesinos, indígenas y trabajadores seguían viviendo en las mismas condiciones, emergía desde el aparato estatal una nueva élite sindical. Lo que parecía una revolución social derivó rápidamente en la formación de una nueva casta privilegiada: los “nuevos ricos azules”.
La política dejó de ser servicio público para convertirse en un mecanismo de acumulación. Los sindicatos comenzaron a concebir el Estado como botín. Las bases, entretanto, fueron utilizadas como masa electoral y como instrumento permanente de presión y confrontación. Marchas, bloqueos, cercos y movilizaciones se transformaron en mecanismos rutinarios de disciplina, muchas veces bajo estructuras rígidas donde disentir equivale a castigo o expulsión.
La degradación fue todavía más profunda. Estas estructuras extendieron su influencia sobre instituciones clave del Estado. Ascensos, designaciones y espacios de poder empezaron a depender de redes sindicales. Incluso se habla de injerencia directa sobre operadores de justicia.
Ahí comienza la fase más peligrosa: cuando los sindicatos dejan de ser organizaciones de representación sectorial y se convierten en estructuras mafiosas de control estatal. El resultado ha sido devastador: instituciones debilitadas, meritocracia destruida y un Estado colonizado por intereses corporativos.
Tras la pérdida parcial del control estatal, estas estructuras buscan recuperar sus privilegios. Los bloqueos que mantienen al país, especialmente a La Paz, en una situación dramática, no responden únicamente a reivindicaciones sociales. Detrás de ellos existe también una disputa por cuotas de poder, impunidad y control político.
Por eso se han articulado nuevamente alrededor de Evo Morales. Los dirigentes corporativos necesitan volver al aparato estatal para recuperar prerrogativas y espacios de influencia. Morales, por su parte, necesita convulsión social para sostener su proyecto de retorno político. Entre ambos existe una alianza funcional.
Lo más preocupante es el grado de violencia e insensibilidad de estas movilizaciones. Miles de ciudadanos permanecen atrapados entre bloqueos, desabastecimiento, pérdidas económicas y miedo, sin la menor consideración humana.
La democracia boliviana enfrenta hoy dos amenazas centrales: el corporativismo convertido en un cáncer institucional y Evo Morales como su principal articulador político. El gran desafío nacional será desmontar ambas estructuras antes de que terminen por destruir definitivamente al Estado democrático.
