Decía el presidente de Nayib Bukele, considerado por muchos como el enviado de Dios, que los grupos criminales y las pandillas no pueden ser más poderosos que un Estado. Un Estado siempre es y debe ser más fuerte.
Todo Estado, dice Bukele, tiene la capacidad institucional para someter a grupos violentos y, si esto no fuera posible, es porque hay complicidad de un gobierno con los criminales o existe corrupción dentro de las estructuras gubernamentales.
Las realidades o contextos entre El Salvador y Bolivia, en este instante, son distintos, aunque con grados de similitud cercanos. A falta de maras, tenemos narcodelincuencia (sembradores de hoja, procesadores de pasta base, vendedores y transportadores hacia el exterior, etc.) y, a falta de pandillas, aparecen ahora grupos violentos en carreteras y ciudades, cometiendo desmanes, incendiando vehículos, aterrorizando niños en un minibús, golpeando a un jovencito con su gatito, provocando cuatro muertes por falta de auxilio médico a causa de los bloqueos, y un largo etcétera.
¿PRECAUCIÓN, CAUTELA O FALTA DE VALOR?
A más de veinte días de bloqueos y movilizaciones de diferentes sectores en el país, el presidente no ha logrado mitigar, reducir o terminar con aquello. Mientras mucha gente, cansada y agotada por el estado de cosas, le pide declarar un estado de excepción, incluso sectorizado, el gobierno no se anima. Acaso, para no provocar víctimas entre quienes protestan, sigue llamando al diálogo, pero no es escuchado.
Volvamos a la comparación: desde marzo de 2022, apoyado en su mayoría parlamentaria, Nayib Bukele implantó un régimen de excepción en El Salvador, suspendiendo derechos constitucionales, realizando juicios sumarios y llegando incluso al enjuiciamiento de menores de edad.
Por cierto, las críticas a voz en cuello le llueven desde organismos y ONG que ven las cosas de otra forma desde el exterior, aunque Bukele tiene un enorme porcentaje de aprobación de su población por haber logrado la caída drástica de las tasas de homicidio. Y esto es lo que vale.
Aquí sí es aplicable aquello de “a grandes males, grandes remedios”, pues los resultados son palpables. Hoy, El Salvador es el país más seguro de las tres Américas.
Ya lo dijimos: hay diferencias contextuales entre el pequeño país centroamericano y el nuestro. Pero es de esperar que nuestro gobierno haga algo urgente y positivo, una vez que la Ley 1341 ha sido abrogada por el Parlamento y le devuelve facultades constitucionales al primer mandatario para afrontar convulsiones internas que afectan a la gran mayoría de la población boliviana.
VANDALISMO
La palabra “vándalos” proviene de una antigua tribu germánica que, durante la caída del Imperio Romano, realizaba grandes saqueos e invasiones por gran parte de Europa.
El sentido de “destructor” para la palabra se popularizó después, en el siglo XVIII. El sentido actual nos indica que son personas que realizan acciones destructivas, violentas y salvajes contra la propiedad pública o privada.
¿No es violento y salvaje quemar vehículos? ¿No es torpe y absurdo derribar la pared de un ministerio? ¿No es eso un atentado contra la propiedad privada o pública? ¿No es un comportamiento dañino golpear a un joven? ¿No es dañino y violento destruir mobiliario e incendiar postas policiales? ¿No es criminal privar de medicinas y oxígeno a hospitales de ciudades o poblaciones asediadas? Y ¿no es salvaje y dañino provocar la muerte de personas negándoles atención médica urgente?
Si todo lo nombrado no es vandalismo, ¿con qué adjetivo quieren identificarse los bloqueadores? Bueno, ellos pueden creer que son bondadosos, comprensivos, cariñosos, dignos y protectores de sus gremios. Pero la gran mayoría, los millones de bolivianas y bolivianos, tienen muy claros en su pensamiento y sentimiento los adjetivos que les corresponden. Está dicho.