Cuando un gobierno no puede —o no quiere— ejercer el poder del que dispone, la crisis se vuelve inevitable. La historia y el florentino Nicolás Maquiavelo ya lo habían advertido con una claridad que asombra incluso cinco siglos después.
En El Príncipe, Maquiavelo escribió una sentencia que todo gobernante debería leer antes de asumir el poder: “Los romanos nunca permitieron que un conflicto persistiera para evitar una guerra, porque sabían que la guerra no puede evitarse, solo aplazarse para ventaja del adversario”. Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia desde hace apenas seis meses, parece no haberla entendido o haber elegido, aun así, la irresolución como estrategia de gobierno. El resultado está a la vista.
Bolivia lleva semanas paralizada. Más de medio centenar de puntos de bloqueo en seis departamentos, tres muertos —entre ellos un ciudadano beliceño que no recibió atención médica a tiempo—, escasez de alimentos en La Paz y oxígeno hospitalario agotándose para pacientes internados. Y, en medio del caos, un presidente que no actúa; que invita al diálogo, pero no encuentra interlocutores; que condena los bloqueos en los discursos, pero no los levanta en los hechos.
El gobierno enfrenta lo que el analista político Iván Pinto denominó una “crisis de régimen”, más profunda que una simple crisis de gestión. El síntoma más evidente es la irresolución sistemática del Ejecutivo frente a herramientas constitucionales que ya tiene disponibles.
La administración de Paz ha utilizado la Ley 1341 —conocida como Ley Eva Copa, promulgada en 2020— como argumento para no activar el artículo 137 de la Constitución. Esa norma introdujo restricciones: aprobación legislativa, límites temporales y control parlamentario sobre los decretos vinculados al estado de excepción. El Senado aprobó recientemente su abrogación y la remitió a Diputados, instalando la idea de que esa ley era el verdadero candado institucional. Sin embargo, allí aparece el problema de fondo.
El artículo 410 de la Constitución establece que la Carta Magna es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Ninguna ley ordinaria puede restringir las facultades constitucionales otorgadas al Ejecutivo. Si la Ley 1341 limitaba el artículo 137, el problema era su posible inconstitucionalidad, no la inexistencia de herramientas legales para actuar. Rodrigo Paz podía invocar directamente la Constitución. El verdadero obstáculo nunca fue jurídico; fue político.
Maquiavelo dedicó capítulos enteros al peligro de la irresolución. En el capítulo XXV escribió que “es mejor ser impetuoso que cauto”, mientras que en el III advirtió que los males detectados a tiempo se corrigen fácilmente, pero ignorados terminan creciendo hasta volverse incontrolables. El príncipe indeciso no es un gobernante prudente; es alguien que abdica lentamente de su autoridad mientras el adversario gana terreno.
La historia ofrece ejemplos contundentes. Alejandro Kérenski no consolidó su autoridad frente a los bolcheviques y terminó desplazado por Vladimir Lenin. Luis XVI osciló entre concesiones y vacilaciones hasta terminar en la guillotina. Neville Chamberlain creyó que la paciencia frenaría a Adolf Hitler y quedó como símbolo histórico del apaciguamiento estéril.
Rodrigo Paz todavía puede revertir esta dinámica, pero el margen se reduce cada hora que pasa sin una decisión firme y visible. Bolivia se encuentra en el punto exacto que Maquiavelo describió hace cinco siglos: cuando el gobernante detecta el mal demasiado tarde, pierde no solo la batalla, sino la guerra entera.
La pregunta ya no es si el presidente debe actuar. La pregunta —más dura y más real— es si todavía está a tiempo de demostrar que sabe gobernar cuando gobernar resulta incómodo, políticamente costoso y humanamente difícil.