La pregunta clave es: ¿qué tiene Bolivia para ofrecer al inversionista? No se pretende presentar una lista exhaustiva, sino establecer principios básicos para atraer inversiones productivas. Tanto la inversión extranjera como la nacional deben contar con garantías sólidas sobre derechos propietarios, concesiones y seguridad jurídica.
La sociedad boliviana debe comprender que la inversión no representa explotación, sino una oportunidad de desarrollo, siempre que existan reglas claras. El Estado debe dar la bienvenida a la inversión en recursos naturales y en industrias con valor agregado, bajo condiciones que beneficien al país.
Entre las reglas fundamentales destacan: cobro de impuestos y regalías razonables y competitivas; protección ambiental; contratación y capacitación de mano de obra local; transferencia tecnológica; promoción de la competencia y no de monopolios; respeto a las leyes bolivianas y posibilidad de arbitrajes internacionales en casos excepcionales.
Asimismo, debe garantizarse la libre repatriación de utilidades, con incentivos fiscales para la reinversión, y establecer un sistema cambiario realista y competitivo, evitando controles arbitrarios sobre el tipo de cambio. Las inversiones, nacionales o extranjeras, nunca deberían ser nacionalizadas o estatizadas.
En la Bolivia de mayo de 2026, hablar de inversión puede parecer utópico frente a la convulsión social, el terrorismo político y los bloqueos que paralizan ciudades como La Paz. Sin embargo, sin garantías serias para la inversión, el país corre el riesgo de degradarse institucionalmente y acercarse a modelos fallidos como Haití, dominados por violencia y narcotráfico.
En cuanto a la inversión pública, esta debe orientarse a fortalecer la producción, exportación, turismo e infraestructura estratégica. Nunca más debe utilizarse para crear empresas estatales crónicamente deficitarias, como ocurrió durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce bajo modelos estatistas inspirados en experiencias soviéticas fracasadas.
Ni siquiera John Maynard Keynes promovía un Estado empresario. En El fin del Laissez-Faire (1926), defendía corporaciones semiautónomas y profesionales, no empresas subordinadas a ministerios. Más adelante, en su Teoría General, planteó que el Estado debía intervenir de manera contracíclica durante las recesiones, financiando infraestructura pública intensiva en mano de obra para estimular la demanda agregada y el empleo.
Sin embargo, Keynes proponía que estas obras fueran construidas y administradas por entidades profesionales independientes, no por burocracias estatales ineficientes y corruptas.
La propuesta aquí planteada divide la inversión pública en dos áreas. Primero, las empresas estatales existentes deberían transferirse a todos los ciudadanos bolivianos mayores de edad como accionistas, permitiendo que sean administradas por entidades especializadas y cotizadas en bolsa.
Segundo, las nuevas inversiones públicas deben financiar infraestructura esencial mediante recursos internos o externos, construidas por empresas privadas a través de licitaciones transparentes. Posteriormente, su administración debería concesionarse a operadores privados por períodos renovables de 10 a 20 años, según resultados.
Como señalaba Paul Samuelson en La Teoría Pura del Gasto Público (1954), el Estado debe intervenir principalmente en bienes públicos no rentables para el sector privado. Bajo este esquema, el concesionario privado podría administrar carreteras, puertos, alumbrado público o espacios recreativos, cobrando tarifas razonables para cubrir mantenimiento, amortización de inversiones y generar nuevos fondos de infraestructura.
Existen obras indispensables que ningún privado construiría por su alto costo o baja rentabilidad inicial. Allí el Estado debe actuar, ya sea financiando directamente o mediante asociaciones público-privadas (APP), donde el privado diseña, invierte, construye y administra la infraestructura.
En resumen: nunca más un Estado empresario y administrador ineficiente, sino un Estado moderno, facilitador y promotor de concesiones e infraestructura estratégica.
La inversión privada no requiere dirección estatal, sino estabilidad, reglas claras y un entorno favorable de largo plazo. El Estado debe concentrarse en crear infraestructura, educación, capacitación laboral, servicios básicos, carreteras, puertos, aeropuertos y sistemas tributarios competitivos.
La inversión privada es el motor del desarrollo; el Estado debe ser el soporte institucional que permita su funcionamiento. El riesgo lo asume el privado: si tiene éxito, genera empleo e impuestos; si fracasa, desaparece o es reemplazado por otro competidor.
Babson ’82, ex catedrático universitario.
