Bolivia ha entrado oficialmente en una etapa peligrosa: el Estado ya no gobierna, apenas administra su propia humillación. Una cosa es enfrentar protestas sociales legítimas; otra muy distinta es observar, con absoluta pasividad, cómo grupos organizados cercan ciudades, destruyen la economía y someten a millones de ciudadanos, mientras el gobierno responde con diálogos, mesas técnicas y discursos sobre la paz.
Van tres semanas de cerco a La Paz. Hay decenas de puntos de bloqueo, siete departamentos afectados y miles de familias sin combustible, alimentos ni medicamentos. Empresas quebrando, transportistas arruinados, productores desesperados y ciudadanos atrapados dentro de su propio país.
Sin embargo, el gobierno insiste en el diálogo, como si el vandalismo financiado pudiera resolverse con declaraciones diplomáticas y sonrisas institucionales.
Lo más alarmante no es solo el caos, sino la sensación colectiva de que el gobierno perdió el control o, peor aún, que nunca tuvo intención real de ejercerlo. Porque cuando un Estado tolera bloqueos durante semanas, impide el paso de ambulancias y permite ataques a policías, ya no se trata de protesta social.
Se trata de pérdida de soberanía territorial.
Mientras tanto, Evo Morales —prófugo político, operador del caos y símbolo de la degradación institucional boliviana— mantiene su influencia desde el Chapare, convertido en una especie de territorio donde no entran plenamente ni la Policía ni la justicia.
Resulta grotesco escuchar discursos sobre democracia mientras el país vive bajo el chantaje permanente de organizaciones que funcionan como brazos operativos del masismo radicalizado. Y no, ya nadie cree que todo esto sea espontáneo.
Las imágenes hablan por sí solas: mochilas con dinero, pagos diarios a bloqueadores, logística organizada y dirigentes movilizando personas como si fueran ejércitos privados. Mantener bloqueos durante semanas cuesta dinero, y mucho. Aquí existe financiamiento, estructura y coordinación política.
Y lo más grave: existe permisividad estatal.
La ciudadanía siente que el gobierno protege más al delincuente que al ciudadano que trabaja. Mientras el productor pierde su cosecha, el transportista duerme en la carretera y las familias hacen filas por combustible o pan, el gobierno actúa como mediador emocional de los bloqueadores, preocupado por no quedar mal ante organismos internacionales.
Rodrigo Paz Pereira parece convencido de que gobernar es evitar confrontaciones. Pero un presidente no fue elegido para agradar a los violentos, sino para garantizar el orden. Y el orden no se mendiga: se ejerce.
Porque cuando el Estado no actúa, otros ocupan el vacío. Y ese vacío hoy lo llenan sindicatos radicalizados, operadores políticos y estructuras criminales que descubrieron que en Bolivia bloquear sale gratis.
No hay consecuencias. No hay autoridad. No hay castigo. Solo diálogo.
Mientras tanto, Santa Cruz —motor económico y uno de los últimos bastiones que aún defiende la institucionalidad— lanzó un ultimátum. Y eso debería preocupar mucho más de lo que aparenta. Cuando una región vital empieza a perder la paciencia con el poder central, ya no hablamos de una diferencia política, sino de agotamiento nacional.
La gente ya no pide discursos. Pide decisiones. Pide autoridad. Pide que alguien gobierne.
Bolivia se parece cada vez más a esos Estados fallidos donde el gobierno conserva el Palacio, pero perdió las calles. Y todos lo saben: empresarios, inversionistas, organismos internacionales, Fuerzas Armadas, Policía e incluso los propios dirigentes masistas que hoy desafían al Estado porque descubrieron que nadie los detendrá.
Ese es el verdadero drama nacional. No solo la crisis económica, el desabastecimiento o el dólar disparado. El verdadero drama es que Bolivia comenzó a normalizar la ausencia de autoridad.
Y cuando un país pierde el respeto por la ley, entra lentamente en el terreno más peligroso de todos: el de la descomposición institucional.
Bolivia no necesita otro discurso sobre la paz. Necesita un gobierno que entienda que la democracia también se defiende haciendo cumplir la ley. Porque si el Estado no recupera el control ahora, pronto no quedará nada que gobernar, excepto ruinas, bloqueos y comunicados llenos de buenas intenciones.