Ciertamente, son varios los factores que confluyen en la actual crisis política. Algunos son importantes; otros, determinantes. En ese sentido, independientemente de las amenazas externas al gobierno, hay dos factores, o errores, que resultan determinantes.
Ya lo advertía en una anterior columna: “Los gobiernos no caen únicamente por la fuerza de la oposición, sino por el peso de sus propios errores”.
El primero fue ignorar la compleja y “abigarrada” composición social del país. Desde la llegada de Evo Morales al poder, Bolivia experimentó una profunda transformación simbólica y política en el “color de la piel” del poder. Ese cambio modificó la estructura de representación y la lógica de legitimidad política. Desde entonces, no es posible gobernar al margen o fuera del sujeto “indígena originario campesino” creado por el propio masismo.
Ese sujeto social, en la actualidad y luego del proceso de cambio, ha tomado conciencia de que debe formar parte del poder y de la toma de decisiones, y no ser reducido únicamente a una función electoral.
Sin embargo, y aquí radica un aspecto fundamental, nunca bajo la perversa forma corporativa y depredadora que implementó el Movimiento al Socialismo (MAS). Durante el régimen masista, el sujeto “indígena originario campesino”, en el ejercicio del poder, terminó corrompiéndose de modo grotesco. Al final, acabó conformando una estructura corporativa mafiosa, concebida para el enriquecimiento ilícito y la reproducción permanente del poder.
El denominado “proceso de cambio” terminó traicionando su propio relato. Los principios del “Ama sua, ama llulla y ama qhilla” fueron reemplazados por prácticas sistemáticas de corrupción, prebendalismo y apropiación patrimonial del Estado. Paradójicamente, muchos de quienes llegaron al poder denunciando siglos de exclusión y abuso terminaron reproduciendo —e incluso perfeccionando— las mismas prácticas que antes cuestionaban.
Sin exagerar, literalmente, el “proceso de cambio” podría resumirse así: indígenas robando a indígenas. Se llegó al extremo de naturalizar la corrupción como una especie de reparación histórica o derecho adquirido después de siglos de exclusión.
Rodrigo Paz tiene —no quiero decir tenía— la oportunidad de romper esa lógica perversa. Podía reconstruir una relación distinta con ese sujeto histórico, basada en la representación genuina y legítima. Evidentemente, no es una tarea sencilla. Sin embargo, cualquier proyecto de estabilidad democrática exige incorporar políticamente a esos sectores, sin reproducir el pernicioso modelo corporativo masista.
Una alianza inteligente con los sectores indígenas, campesinos y populares le habría otorgado legitimidad, estabilidad y capacidad de contención frente a la rearticulación del evismo. Además, y esto es central, habría impedido que los corruptos dirigentes sindicales desplazados del poder recuperaran capacidad de movilización y discurso.
Rodrigo no comprende que el poder no solo se administra desde el Estado o desde el Parlamento, sino también desde la construcción de alianzas con sectores clave.
El segundo error capital de Rodrigo fue no haber capturado y neutralizado a tiempo a Evo Morales, quien, dada su naturaleza, “embrutecida” por el poder, comenzó a conspirar desde el primer día, aspirando a un acortamiento de mandato. Jamás aceptó realmente quedar fuera del poder. Su proyecto personal de impunidad y poder depende ahora de los resultados del “rito del bloqueo”.
Como un buitre, estaba esperando cualquier error del gobierno para activar marchas, bloqueos y procesos de desestabilización. Y Rodrigo Paz, con una notable incapacidad, incompetencia e improvisación, en vez de liquidar al enemigo, lo alimentó.
Lo alimentó, sobre todo, con el enorme daño y descontento social que provocó la “gasolina basura”; el punto de inflexión.
Ese episodio no solo reveló graves fallas de gestión, sino también contradicciones discursivas, descoordinación y una pérdida acelerada de credibilidad. Paradójicamente, el tema que debía constituirse en el primer gran desafío técnico de su administración terminó transformándose en el inicio de su desgaste político.
A menos de seis meses de gestión, el capital político inicial que logró con la estabilización económica se erosiona prematuramente. Ha perdido credibilidad y, con ella, también autoridad.
Ese descontento social, sumado a otros conflictos de menor magnitud —como la polémica Ley 1720—, terminó creando el escenario ideal para la rearticulación de los sectores desplazados del poder.
Ahí confluyen hoy intereses distintos, pero funcionales entre sí. Los dirigentes de los sindicatos corporativos buscan recuperar privilegios y espacios en el aparato estatal. Evo Morales, por su parte, busca impunidad y el retorno político.
Así, el conflicto actual no puede entenderse únicamente como una protesta social. Existe, en el fondo, una clara disputa por retomar el control del poder por parte de las redes corporativas que manejaron el Estado durante dos décadas.
Mientras Rodrigo no logre desmontar esas estructuras sindicales corporativas y neutralizar definitivamente a Evo Morales, la estabilidad de su gobierno estará siempre en vilo.
Está todavía a tiempo, pero ya en los descuentos. Aún puede, ojalá no sea tarde, enmendar estos dos terribles errores que, a la postre, podrían resultar imperdonables.
*El autor es profesor de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Simón.
